Desarrollo comunitario en Cuba

Desarrollo comunitario en Cuba Concepto: Es el desarrollo que se produce por y para la población partiendo de que esta es el objeto y el sujeto del desarrollo.

Desarrollo comunitario en Cuba . Es el desarrollo que se produce por y para la población partiendo de que esta es el objeto y el sujeto del desarrollo.

Antecedentes

El trabajo comunitario en Cuba antes de 1959 estuvo asociado a la labor de organizaciones religiosas en la atención a hogares de ancianos, de enfermos crónicos y menesterosos, a niños sin amparo filial o familiar, al trabajo de las asistenciales de ayuda a los necesitados; a acciones caritativas de monjas e instituciones en función de beneficio a personas muy necesitadas.

Muchas de las personas que consagraron sus vidas al oficio de servir al ser humano en situaciones muy difíciles, merecen el reconocimiento eterno de toda la sociedad, y los políticos corruptos, el desprecio de ella. A las claras, estas vías fueron incapaces de resolver los complejos problemas de una sociedad de clases donde reinaban las grandes injusticias y desigualdades sociales.

Pinar del Río, le dio a Cuba un ejemplo de movilización ciudadana para el bien de su comunidad cuando creó el comité “Todo por Pinar del Río”, el cual desarrolló trabajos de saneamiento e higienización, impulsó la educación y la cultura, promovió su himno y gestó un movimiento de reconocimiento moral a sus mejores ciudadanos.

Los postulados martianos seguidos por su dirección desde el mismo día de la fundación del comité, el 26 de noviembre de 1941, aniversario 50 del discurso de Martí “Con todos y para el bien de todos”, fecha que fue adoptada al siguiente año 1942. La dirección del comité deja de existir al triunfar la Revolución Cubana, que demostró cumplir con todos los objetivos del Comité con más alcance e integralidad que este.

La nota distintiva del ideario revolucionario cubano comenzó a formarse en el siglo XIX, a partir de la obra Félix Varela, le continuó José de la Luz y Caballero, en el campo de la Filosofía y de la Pedagogía, alcanzando en José Martí su máximo representante, en la pasada centuria, y en Fidel Castro ha tenido su promotor fundamental en el siglo XX y lo que ha transcurrido de la presente década. Tal ideario ha tenido una incidencia directa en el espacio comunitario como escenario relevante en el desarrollo histórico y en la formación de la Nación Cubana hasta la propia última etapa de la Guerra de Liberación y en la obra de la Revolución triunfante en 1959, que hoy se consolida desde la coherencia interior de ese ideario.

A partir del triunfo de la Revolución

El pueblo llega al poder, hecho que hizo posible la participación real y democrática en las esferas económica, política, social y espiritual, como una necesidad para el desarrollo del país; las transformaciones sociales se han realizado teniendo en cuenta los intereses y necesidades de la población sobre la base del trabajo cooperado, solidario y colectivo de los portadores reales de la acción comunitaria, la cual se concibe como el núcleo conductor esencial de la participación popular con el apoyo del gobierno y demás instituciones y organizaciones sociales y de masas, inseparables del objetivo central de la construcción de la nueva sociedad como proyecto de desarrollo en función de las necesidades sociales.

Se puede constatar que las formas asumidas por el aparato estatal y de gobierno son expresiones concretas vinculadas al papel de las comunidades dentro del amplio espectro de fórmulas de masas que han definido el carácter democrático de la Revolución, con capacidad de creación ante todos los obstáculos. En las condiciones de Cuba, este proceso ha sido muy complejo por tratarse de un país que construye el socialismo a partir de la condición de país subdesarrollado y sometido a un férreo bloqueo económico, mercantil y financiero, impuesto por Estados Unidos. En Cuba, la conducción estatal de la política social, basada en la concentración de los recursos, de inversión y movilización de todos los factores materiales en función de objetivos definidos, ha sido un factor de gran importancia en el logro de un desarrollo rápido en un período de tiempo relativamente breve.

Efectos

Los efectos tan notables de los procesos de intervención y asistenciales del Estado en las políticas de desarrollo social no hubieran sido posibles sin la participación popular y sin la colaboración voluntaria y entusiasta de la mayoría de la población, con la peculiaridad de tener un carácter movilizativo y de convocatoria.

La Revolución creó en los primeros años un grupo de organizaciones sociales y de masas con asiento en las comunidades, las cuales han desempeñado un papel relevante en la organización de la población en torno a las metas revolucionarias y han servido de vehículo para la implementación y complementación de planes sociales en las comunidades, en cuanto a sus necesidades básicas, vivienda, fluido eléctrico, agua potable, alimentación, programas de salud, higiene, educación, cultura, trabajo social, recreación y saneamiento ambiental. Ellas, aunque no tuvieron un carácter estatal, han asumido también funciones de esta índole, en el caso de la distribución de alimentos, reforma urbana, campañas de vacunación, prevención y asistencia médica, actividades de salvamento, protección de desastres naturales, entre otros.

Presencia de las masas

En todas las grandes tareas que ha desarrollado la Revolución: la Reforma Agraria, la Campaña de Alfabetización, la defensa y el cumplimiento de las tareas económicas, políticas, sociales, culturales, misiones internacionalistas, civiles y militares, y más recientemente, en los nuevos programas, que desde hace cuatro años se implementan en el país, de forma tal que no ha habido tarea importante de la Revolución en la que no participe el pueblo, realidad que hace que sea en la comunidad donde se salva la existencia de la nación como país independiente. Esta labor da cuenta de la importancia estratégica de las comunidades en cuanto en ellas viven y se interrelacionan sus integrantes la mayor parte del tiempo, en un proceso en el que la intervención del Estado y del gobierno se combina con la participación directa y consciente de la población en la defensa y en la edificación económica, política, cultural y social de la sociedad.

Los procesos de intervención y de participación en Cuba a partir de 1959, de una u otra forma, han acompañado las grandes transformaciones: globales, cuando se refieren a la comunidad como un todo que modifica su estructura o funcionamiento, como planes de desarrollo, con consecuencias para toda la población, más bien como programas asistenciales y cambios integrales de intervención y la movilización de las masas, que abarcan las esferas económicas, política, social y cultural. Se realizan generalmente con la intervención del gobierno central y la anuencia del gobierno local, con el apoyo de la población; parciales, refieren determinadas transformaciones que abarcan una cuadra, barrio, comunidad, circunscripción o consejo popular, cuyas condiciones repercuten negativamente en ese lugar. Se realizan con la intervención del gobierno del territorio y participan con mayor facilidad determinadas instituciones o grupos de vecinos que apoyan la acción; y específicos, solamente afectan a un grupo reducido de habitantes y los realizan generalmente vecinos del lugar con el apoyo del gobierno local si es necesario.

Marco jurídico-institucional y autonomía del municipio

El municipio cubano constituye el asiento de la división territorial y de la organización política y administrativa del país. Es aquí donde se dan las relaciones más cercanas entre las instancias institucionales y los ciudadanos y, por ende, donde se genera un ambiente de interacción entre ambos.

La evolución histórica de la instancia municipal en Cuba ha tenido que ver, en lo fundamental, con su definición, su expresión constitucional y los diferentes sistemas que han regido su organización y funcionamiento. Actualmente el municipio cubano forma parte de las transformaciones económicas y sociales que se desarrollan en el país, desde las nuevas reglamentaciones que para él se han creado.

Marco constitucional del municipio

Los orígenes del municipio se ubican en el mundo antiguo, específicamente en la época de la conquista romana que, a su paso, iba dejando ciudades con un funcionamiento de autogobierno, cuyo nombre era municipium. En estos lugares los residentes tenían derecho a elegir su gobierno entre ellos mismos; organizaban la defensa, la justicia, los negocios públicos y dictaban leyes que regulaban el régimen municipal. España mantuvo esta fórmula durante siglos; de su mano el municipio llega a América, y se implanta con los matices de las nuevas condiciones económicas y sociales.

En Cuba, desde la fundación de las primeras villas, fueron incorporados órganos locales de gobierno; en este contexto los cabildos se encargaron de la organización de la vida pública. Durante la colonia la Isla se fue ordenando primero en departamentos (año 1827) y luego en seis provincias (año 1878). Ya en 1901, con la aprobación de la Constitución, quedaron organizados los municipios.

Una vez establecidas las estructuras y los poderes locales al amparo de la Constitución, en 1908 se aprobó la Ley Orgánica de los Municipios. Este texto legal separó las funciones deliberantes y administrativas que se mantenían unidas desde la ley española de 1878, diseñó un municipio con personalidad propia y, entre otras ventajas, facilitó los servicios de recaudación de impuestos y rentas. La legislación también decretó el otorgamiento de autonomía administrativa, aunque fue poco efectiva por que el gobierno no dejó de administrar centralmente los intereses locales, aprovechándose de su gran potencial recaudatorio y en detrimento de otras proyecciones de desarrollo (González, 2015).

La Constitución de 1940 se reconoce como una de las expresiones legales más adelantadas en cuanto a organización y funcionamiento municipal hasta la fecha. Este texto sobresale por el establecimiento de un régimen municipal fuerte, a partir de una correcta definición de la naturaleza del municipio, el reconocimiento expreso de su autonomía, la delimitación precisa de sus competencias, la autorización para el ejercicio asociado de estas, la creación de garantías que limitaban la intromisión de autoridades superiores, el diseño de notables mecanismos de participación para asegurar la democracia municipal, la previsión de sistemas de gobierno disímiles y un régimen de carta municipal para tratar la heterogeneidad municipal (Hernández, 2017). Esta legislación pretendió revitalizar la actividad municipal y diversificarla. Entre otras cuestiones, admitía opciones en las formas organizativas de gobierno: por alcalde y consejo, por comisión o por ayuntamiento y gerente; a su vez, prohibía la intromisión del gobierno central o provincial en los acuerdos municipales. Sin embargo, signada por el caudillismo, el clientelismo y la corrupción, y con un modelo de dirección local incoherente con las normas jurídicas que fueron aprobadas, no se lograron encauzar efectivamente los intereses de la sociedad que representaba (González, 2015).

El triunfo revolucionario de 1959 marcó nuevas pautas para el municipio en Cuba. El propósito de impulsar el desarrollo en el país determinó transformaciones en el marco organizativo territorial. El funcionamiento público partía de nuevas condiciones, en principio de manera muy enfocada en la búsqueda de un equilibrio para el desarrollo del país, luego con cambios en la regulación local.

La Constitución de 1976, que puso fin a la provisionalidad del Estado revolucionario e impulsó el proceso de institucionalidad en el país, concibió una nueva estructura estatal; se formaron las Asambleas de Delegados del Poder Popular en los municipios y las provincias, y surgieron los Órganos Locales del Poder Popular como órganos superiores locales del poder del Estado. La división político-administrativa que se asumió en 1976 otorgó importancia al municipio, como unidad básica de los procesos territoriales de desarrollo. Aunque se abrió un camino más favorable al desarrollo del municipio, su designación como órgano superior local del poder del Estado, de conjunto con la provincia, limitó sus posibilidades de autodeterminación y en la práctica hizo que terminara rigiéndose por las determinaciones y disposiciones provinciales.

Las reformas posteriores otorgaron a la Asamblea Municipal la más alta autoridad para el ejercicio de sus funciones en sus demarcaciones. En la reforma constitucional parcial de 1992 aparece explícita una definición de municipio como:

Sociedad local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley, en una extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas y sociales de su población, y con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales (Artículo 102, Ley de Reforma Constitucional, 1992).

Con ello resulta relevante el reconocimiento de los derechos y posibilidades del municipio, así como el otorgamiento de facultades para poseer patrimonio y para realizar la gestión financiera, aunque esta última se limitaba a la aprobación del plan económico-social y el presupuesto del municipio y a controlar su ejecución. Tiempo después, en 1995, el Consejo de Estado aprobó el Reglamento de las Asambleas Municipales del Poder Popular.

En busca de un mayor acercamiento de la gestión municipal a las personas y de un mejor control y fiscalización, fueron creados los Consejos Populares. Estos órganos, refrendados en la reforma constitucional de 1992 como parte del Estado cubano, tuvieron un momento significativo cuando en el año 2000 las precisiones para su organización y funcionamiento tomaron carácter de ley. Hubo con ello una evidente orientación hacia la eficiencia en el desarrollo de las actividades de producción y de servicios y en la satisfacción de las necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, promoviendo una mayor participación y el desarrollo de las iniciativas locales para la solución de los problemas. Los cambios constitucionales de 2002 subrayaron esta dimensión participativa; no obstante, la categoría “autonomía” no estuvo explícita.

Hasta ese momento el municipio cubano, aun en condiciones económicas y sociales diversas, contó con disposiciones jurídicas que fueron consolidando el desempeño del municipio. Sin embargo, no llegó a desplegar el funcionamiento óptimo para la realización de sus fines.

La necesidad de perfeccionar el proyecto social cubano ha intencionado transformaciones relevantes para nuestra sociedad en los últimos años. Entre ellas se promovió la separación de las funciones directivas en el municipio, primero en experimento en las provincias de Artemisa y Mayabeque, a partir de las cuales fueron separadas y delimitadas las funciones de los cargos de presidente y vicepresidente de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP) respecto al Consejo de la Administración Municipal (CAM). También se buscó una mayor exactitud de la misión de cada uno de estos órganos de dirección y una mejor definición de sus funciones. De esta manera, la AMPP contaría con un presidente y vicepresidente y el CAM, con un directivo designado.

En esta dirección, la Constitución de la República aprobada en 2019 homogenizó esta separación de funciones para todos los municipios del país, además de emitir regulaciones que favorecieron el derecho de participación popular local (artículo 200) y que dictaminaron precisiones sobre los Consejos Populares (artículos 198 y 199). Esta norma jurídica trascendió por la promulgación del principio de autonomía para el municipio.

La nueva Carta Magna concibió la participación de la población en las decisiones territoriales asociada al desempeño de la Asamblea Municipal del Poder Popular. En este sentido, el pronunciamiento del artículo 192 comprende la iniciativa y amplia participación de la población como apoyo para el ejercicio de las funciones de la Asamblea y el artículo 200 describe las formas de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana. De igual forma se refiere la convocatoria a consultas populares sobre asuntos de interés local en correspondencia con sus atribuciones, la correcta atención a los planteamientos, quejas y peticiones de la población, el derecho de los residentes del municipio a proponer el análisis de temas de su competencia, el adecuado nivel de información a la población sobre las decisiones de interés general que se adoptan por los órganos del Poder Popular, el análisis de las peticiones de los ciudadanos, los acuerdos y disposiciones propias o de autoridades municipales subordinadas, la adaptación de las medidas que correspondan y la ejecución de cualquier otra acción que resulte necesaria a fin de garantizar estos derechos.

Sumado a ello la actual Constitución fortalece también el papel de los Consejos Populares, concediéndoles facultades que le permiten trabajar activamente en la satisfacción de necesidades en esta escala. Entre estas potestades se destacan la promoción de la participación popular y el impulso de iniciativas locales.

Autonomía, requerimiento para el despliegue del municipio

El incremento de las posibilidades de incidencia de los gobiernos locales en el desarrollo de los territorios y de las condiciones de vida de sus habitantes, ha ido tomando cada vez más interés en las decisiones político-administrativas de la sociedad contemporánea. Esta intención se expresa con marcada resonancia en el momento actual de Cuba, cuando el país se implica en un profundo proceso de actualización económica y social.

La autonomía es considerada el principio por excelencia del régimen municipal, en tanto ofrece el marco procedente para el mejor funcionamiento del municipio. Los intereses y fines municipales, la personalidad jurídica, las competencias y la capacidad de decisión de las autoridades locales son puntos clave para explicar la autonomía municipal (Pérez, Tabares y Díaz, 2019). En la autonomía municipal se reconocen fundamentalmente dimensiones como la política, la administrativa y la financiera. La dimensión política se centra en la capacidad de las estructuras de gobierno y administración locales de tomar decisiones en los asuntos que se le encomienden. La dimensión administrativa municipal enfatiza la capacidad de gestionar diversos servicios públicos en esa escala (Pérez, Tabares y Díaz, 2019). Desde la arista financiera, se entiende a la autonomía como la capacidad atribuida a los entes locales de gestionar y decidir sobre su propia hacienda y bajo su propia responsabilidad. Desde esta lógica, el refrendamiento del principio de autonomía, constituye un momento trascendental para los municipios cubanos.

La actual Constitución, en su artículo 169, concede atribuciones y funciones para la transformación de los manejos en el municipio. Se trata fundamentalmente de:

• La elección o designación de sus autoridades. Gestionar intereses de la localidad a partir de su condición de representantes de la colectividad.
• Decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden.
• Dictar acuerdos y disposiciones normativas necesarias para el ejercicio de sus facultades.

Independientemente de ello, el contenido de las competencias que corresponden hoy con la actuación autónoma del municipio cubano no ha quedado explícitamente clarificado. Sin embargo, el rango constitucional en el reconocimiento de la autonomía conduce a su necesaria determinación, traducidas en instrumentos que favorezcan a los municipios para el cumplimiento de sus encargos. Una Ley Municipal deberá regular los principios que rijan el actuar municipal, las competencias y la estructura municipal, las atribuciones de cada órgano y, en especial, las relaciones de coordinación y subordinación que se establezcan a este nivel y con los órganos superiores del poder estatal, de conformidad con la descentralización prevista (Pérez, Prieto y Díaz, 2015).

Competencias para completar la autonomía

Delimitar las esferas de actuación que corresponden al municipio permite asociar la autonomía municipal con la atribución de competencias (Pérez, Tabares y Díaz, 2019). De este modo se pueden delimitar dos grandes grupos: las competencias propias o concurrentes y las competencias compartidas (Pérez y Díaz, 2019). La división hace referencia, en un caso, a los asuntos que se agotan en el interés municipal, sobre los cuales la titularidad, la decisión y la responsabilidad es municipal; en el otro caso alude al abordaje de confluencias de intereses generales y locales, donde se requiere la coordinación con los entes superiores.

Perfilar las competencias municipales resulta una contribución imprescindible para que, de conjunto con la condición de personalidad jurídica, el municipio pueda ser gestor directo del desarrollo local, pueda obligarse por vía contractual, ser responsable de sus actos y tomar las decisiones que correspondan, en particular las relacionadas con la configuración y/o distribución de los gastos públicos para actuar en pos de los beneficios de la localidad. Se trata de competencias propias que implican la legislación y jurisdicción y no solo las netamente administrativas, como la prestación de servicios públicos relacionadas con el abastecimiento de agua, recogida y tratamiento de residuos, alumbrado público y otros; ello incluye las funciones inseparables de todo gobierno municipal: legislación y jurisdicción, por cuyo efectivo ejercicio debe responder (Pérez y Díaz, 2020).

La actualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y el municipio

Los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021, la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030, documentos programáticos que orientan la magnitud y el alcance de las transformaciones que se pretenden en el país, reflejan un evidente involucramiento del municipio. Así también lo demuestran varias de las políticas nacionales aprobadas.

Los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021 dispusieron el impulso del desarrollo de los territorios, la consolidación de la base económica, el aprovechamiento de sus potencialidades, la normalización de las relaciones de las funciones estatales que ejercen las direcciones sectoriales en provincias y municipios con los Organismos de la Administración Central del Estado, y el desarrollo de proyectos locales. En específico el Lineamiento 17 aboga por:

Impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva, y se reduzcan las principales desproporciones entre estos, aprovechando sus potencialidades. Elaborar el marco jurídico correspondiente (PCC, 2017, p. 6).

En la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista se muestra y sustentan los objetivos estratégicos del modelo, los principios en que se sustenta y las transformaciones fundamentales que se requieren en las condiciones contemporáneas; también se resumen las concepciones esenciales para impulsar el desarrollo socioeconómico conforme con las aspiraciones y particularidades actuales del proceso revolucionario cubano.

De manera explícita el texto expresa:

“Transformar el sistema de dirección del desarrollo económico y social con la planificación como su componente principal, y combinar el carácter centralizado con la descentralización y autonomías requeridas en las instancias intermedia y de base” (PCC, 2017, p. 17).

En ello se refleja el involucramiento del municipio a partir del rol que le corresponde en el perfeccionamiento del Estado como rector del desarrollo económico y social y regulador de todos los actores; en la consolidación de políticas sociales universales y focalizadas; en la modernización de la administración pública; en la asunción de facultades vinculadas con la descentralización; en el aseguramiento de los derechos ciudadanos; en su contribución a la sostenibilidad económica, social y medioambiental para el desarrollo; y en el empeño por la prosperidad con justicia y equidad sociales, entre otras cuestiones.

Como instrumento principal de la planificación del desarrollo, el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030 enuncia los propósitos, la estrategia general y las principales políticas del desarrollo nacional para ese período. El municipio tiene particular repercusión en el eje temático territorial; de igual manera en varios objetivos de sus ejes estratégicos, sobre todo los relacionados con el gobierno eficaz y socialista y la integración social; con la transformación productiva; con el potencial humano, la ciencia, la tecnología e innovación; con los recursos naturales y el medio ambiente; así como en el desarrollo humano, la justicia y la equidad.

El Decreto 33/2021 para la gestión estratégica del desarrollo territorial resulta un documento estratégico en el que se sustenta el valor del desarrollo local y su significado como eje articulador de las agendas públicas de los gobiernos a nivel municipal y provincial. En él se institucionalizan las estrategias de desarrollo local, lo que requiere impulsar procesos sostenibles donde, como resultado, se fortalecen los municipios como instancia fundamental.

Para hacer frente a los nuevos desafíos y lograr una sinergia entre las definiciones nacionales y los intereses del municipio, los órganos municipales cuentan, además de la Constitución, con la Ley de Organización y Funcionamiento de los Órganos Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares, aprobada en 2019, y la Ley CAM de 2020; aunque todavía deben especificarse las competencias para esta escala.

La Ley de Organización y Funcionamiento de los Órganos Municipales del Poder Popular y de los Consejos Populares confiere atribuciones para adoptar acuerdos y dictar disposiciones normativas, en el marco de su competencia, sobre asuntos de interés municipal, para lo cual se pronuncia mediante acuerdos y ordenanzas. También posee la facultad para incorporar la participación popular local en el ejercicio y control del poder, a partir de la convocatoria a consulta popular mediante acuerdo de la Asamblea Municipal del Poder Popular, a instancia de su presidente, de sus comisiones permanentes de trabajo o de un tercio de sus integrantes.

La Ley del CAM, por su parte, establece las funciones de este órgano y del intendente que lo preside. La administración en el municipio, desde esta norma jurídica, queda encargada de ejecutar los acuerdos y ordenanzas de la AMPP; así como de proponer los objetivos generales y metas para el desarrollo económico y social del municipio; además de organizar, dirigir y controlar su realización, una vez aprobados por la AMPP.

El municipio cubano y los trazos socialistas del desarrollo

Teniendo en cuenta las características jurídicas, estructurales e institucionales de nuestro país, le corresponde esencialmente al municipio el impulso de procesos de desarrollo local, en tanto constituye la escala mínima a la que se le atribuye en Cuba la capacidad de obrar jurídicamente con autonomía constitucional. El municipio trasciende como el espacio donde pueden planificarse y organizarse las decisiones que implican el desarrollo de la demarcación; es el nivel inferior del Estado cubano no solo desde el punto de vista territorial, sino también funcional; así como el elemento primario de participación y poder en su sistema de órganos.

El concepto de desarrollo local y las primeras políticas que lo promovieron tuvieron, como orientación y punto de partida, procesos de desarrollo endógeno donde se utilizaron recursos no aprovechados en esa escala. Fueron aplicados en Europa con reconocido éxito y extrapolados a América Latina, a Argentina en particular, desde de la década del noventa. Esta propuesta resultó una mirada territorial con énfasis en el tejido social local y en las posibilidades para un desarrollo autónomo, en el cual ha predominado el pensamiento económico.

Concepciones más recientes han redimensionado esta tendencia incorporando mayor valor a lo social, lo cultural, lo político y lo medioambiental, enfocándose en los sujetos. Las visiones con mirada en lo territorial, sin desconocer el valor de lo económico, ponen peso a los aspectos sociales y se alejan del paradigma que se centra solo en el crecimiento de la riqueza y su acumulación en la sociedad.

El desarrollo local que se da en Cuba apunta en esta dirección, toda vez que responde a una concepción dirigida a la producción de bienes y satisfactores para la sociedad. Así también presupone la propiedad sobre los medios de producción fundamentales; la conducción desde las estructuras de gobierno; la realización de acciones de transformación en el territorio, planificadas a través de una estrategia definida localmente y que, muchas veces, asume y adapta políticas trazadas por niveles superiores.

En esta dirección, el desarrollo local tiene expresión de desarrollo municipal y constituye una vía para consolidar efectivamente el poder político en manos del pueblo, una garantía por la naturaleza social de la propiedad sobre los medios de producción; lo que expresa las relaciones entre las personas y los bienes productivos de que se disponen. Subraya, en nuestro contexto, el derecho a disfrutar o beneficiarse de la riqueza creada mediante estos medios, la exigencia y vigilancia ciudadanas por su uso eficiente y responsable, y la posibilidad de participar en los diferentes espacios públicos de análisis y discusiones para gestionar los procesos de desarrollo en las diferentes instancias, según se refleja en la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Como base conceptual se asume desde el funcionamiento del Sistema del Poder Popular. Esto no solo permite fortalecer el sistema político establecido en el país, sino que, además, sustenta su institucionalidad.

Al asumirse estos procesos de desarrollo local desde la escala municipal, los gobiernos y sus estructuras devienen en encargados de llevarlos adelante, todo lo cual apunta al robustecimiento de esa institucionalidad (Guzón, 2006). Ello también potencia las posibilidades de los ciudadanos en el uso de su capacidad legal para incidir en las determinaciones que, sobre los procesos de desarrollo local, se establezcan en su municipio.

La puesta en marcha de tal proceso tiene como condición el involucramiento de toda la estructura de gobierno a nivel local, así como la movilización de los ciudadanos. La Asamblea Municipal, el Consejo de la Administración, los Consejos Populares y la población deben desempeñar sus funciones y articularse entre sí. A diferencia de la concentración de la propiedad privada sobre los medios de producción que soporta el modo de producción capitalista, el desarrollo local en Cuba se apoya en la propiedad social sobre los medios de producción, en su expresión estatal y cooperativa, e incorpora aquellas formas privadas que contribuyen a producir y reproducir la vida de manera colectiva, como necesarias en esta etapa de tránsito.

En el proceso de transición socialista que caracteriza a la sociedad cubana, se ha configurado la formación humanista de sustento en la ideología martiana, marxista- leninista y fidelista. Por ello es posible, para el desarrollo local de Cuba, contar con personas instruidas, muchas veces con altos grados de especialización, y con una avanzada cultura política; de igual modo se cuenta con el acceso a universidades, centros de ciencias y otras organizaciones portadoras de conocimientos y tecnologías donde pueden encontrarse expertos y, además, resultados apropiados para esta escala (Guzón, 2006). En este sentido sobresalen las expresiones de cohesión social y política, esencia de nuestro proyecto social en función del bienestar colectivo.

Los consejos populares y su importancia en la comunidad

El compañero Fidel Castro Ruz, en el discurso pronunciado en la clausura del X Período Ordinario de Sesiones de la Tercera Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), efectuada en el Palacio de las Convenciones, el 27 de diciembre de 1991, sobre el Consejo Popular expresó:

“Es un instrumento formidable y de especial importancia en este período especial, aunque creo que la tendrá siempre, porque es la única forma de dirigir, realmente, con eficiencia, los recursos, las actividades, los servicios y las fuerzas de que disponemos” (Castro, 1991, p.1)

La comunidad es la encargada de ejercer el poder y el control de sus acciones, nadie conoce mejor a una comunidad que ella misma, de ahí la importancia de los Consejos Populares. Al respecto, el artículo 198 de la Constitución de la República dice:

El Consejo Popular es un órgano local del Poder Popular de carácter representativo, investido de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones y, sin constituir una instancia intermedia a los fines de la división político-administrativa, se organiza en ciudades, pueblos, barrios, poblados y zonas rurales; lo integran los delegados elegidos en las circunscripciones de su demarcación, los cuales deben seleccionar entre ellos a quien lo presida. (ANPP, 2019, p.14)

La propia fuente señala que son invitados a las reuniones de los Consejos Populares representantes de las organizaciones de masas y sociales y de las entidades más importantes en la demarcación para fortalecer, coordinar el esfuerzo colectivo en beneficio de la comunidad, desde las funciones de cada cual. Al respecto, el ingeniero Faustino Cristóbal Caballero Santana (2013) valora:

Los Consejos Populares traen consigo una mayor consolidación e integración del trabajo en la comunidad (…). Es un eslabón de vital necesidad en el sistema de los órganos del Poder Popular, cuya base legal la constituye la Ley 91: Ley de los Consejos Populares. (2013, p. 90)

Es, precisamente, este nivel el que agrupa o integra las circunscripciones que lo constituyen. Cada consejo popular tiene un presidente y cada circunscripción, elige a su delegado, quienes necesitan de su comunidad para que el trabajo fluya adecuadamente.

El trabajo comunitario integrado es un factor esencial en la labor que se realiza a nivel de consejo popular: es un grupo de personas que identifica los problemas y necesidades y sus posibles soluciones y propone las decisiones, la planificación y evaluación de las principales acciones que deben ejecutarse. Esta acción constituye un método científico, planificado, conducido, ejecutado por la propia comunidad, quien a su vez evalúa sus resultados, en tanto:

La experiencia acumulada en los últimos años demuestra que existen problemas cuya solución no es posible sin la participación de la comunidad, por tanto, es necesario establecer como principio que su papel es esencial. Se trata de desarrollar un trabajo cuya efectividad depende, en gran medida, del esfuerzo de personas, organizaciones e instituciones que actúan en el ámbito comunitario y cuyos roles son insustituibles. (Caballero, 2013, p. 90)

Los delegados del Poder Popular deben efectuar periódicamente encuentros, contactos, reuniones con los dirigentes fundamentales de las organizaciones de masas: Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con el médico, el maestro, con administradores, promotores culturales y personas que se destacan por sus actitudes en el barrio; conocer los problemas que puedan existir en la circunscripción para identificarlos y proponer medidas para ser solucionados. A este mecanismo algunos le llaman, reunión de factores o de coordinación, otros el grupo de trabajo comunitario, pero, aunque esos contactos se realizan con cierta sistematicidad, la práctica ha dicho que es el delegado el que diariamente tiene que buscar la forma de tramitar los problemas que se plantean en el barrio.

En la comunidad no siempre se cuenta con el protagonismo de las masas: las entidades dejan de realizar sus funciones para dedicarse a hacer lo que le corresponde a la comunidad. Si estas acciones las realizaran sistemáticamente los vecinos de cada lugar, la calidad sería superior, porque no solo garantizarían la solución del problema con eficiencia y conciencia, al considerarlo como propio, sino se contribuiría a la educación en valores, al comprender la necesidad de una adecuada conducta ciudadana a partir de la formación de intereses y motivaciones que muevan el comportamiento social. Estaría, entonces, la comunidad preparada para, en función de sus potencialidades, prever y acometer acciones para el logro de los intereses y objetivos de la nación: el desarrollo sostenible y la defensa del país.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, actual Presidente de la República de Cuba, al intervenir en los debates de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente dijo:

El trabajo comunitario tiene que atravesar los procesos ideológicos, económicos y sociales. No podemos ver la labor cultural y educacional por separado, sino hacerlo con enfoques integrales. El ideal revolucionario cubano tiene que ser la base de esa actividad, los símbolos, las costumbres, las tradiciones. (Rodríguez, 2017, p. 1)

Al profundizar en el estudio y análisis del Capítulo VI de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (específicamente los que se encuentran entre el 140 y 145, ambos incluidos y los 159, 161, 163), se aprecia que la integración será la única alternativa para que se cumplan en todos los sectores de la sociedad. La sociedad debe buscar las vías, los métodos para que se implementen y no sean letra muerta.

¿A quiénes corresponde realizar acciones para lograr la tranquilidad ciudadana, la satisfacción de sus necesidades y las de la familia, preservar las conquistas de la Revolución en ese espacio, garantizar la educación en valores, la recreación, la salud, exigir servicios de calidad, evitar indisciplinas, en fin, lograr la armonía necesaria para la convivencia? Queda claro que es a la propia comunidad, pero de manera espontánea no se consigue y se aprecian carencias que constituyen barreras para vivir en un sano entorno, por tanto, el grupo de trabajo comunitario debe prepararse para proponer qué y cómo lograr resultados que satisfagan a la comunidad.

Talleres de Transformación Integral de Barrios (TTIB)

Los Talleres de Transformación Integral de Barrios (TTIB) son equipos multidisciplinarios constituidos de forma experimental en 1988 por el Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población, la educación urbana, desarrollar la economía local, conservación y protección del medio ambiente, fortalecer el trabajo de prevención social y la identidad y tradiciones en comunidades deprimidas. Al respecto, refiere Gina Rey, destacada urbanista y una de sus gestoras:

… una de las iniciativas más trascendentes del Grupo fue la propuesta de un modelo de gestión para el desarrollo comunitario a la que se denominó “Talleres de Transformación Integral del Barrio”, que hicieron posible la práctica de una forma de planeamiento de abajo hacia arriba, con un fuerte protagonismo de la participación comunitaria y con un funcionamiento paralelo a las estructuras administrativas convencionales. (Rey, 2013, pp. 4-5)

Para cumplir con sus propósitos, los Talleres identifican los problemas existentes en el barrio, movilizan la participación de los pobladores y gestionan los recursos necesarios. Están integrados por profesionales afines al trabajo social y constructivo: arquitectos, sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, técnicos en construcción, entre otros profesionales, preferiblemente residentes en los barrios, espacios que se convierten en el centro de las transformaciones comunitarias con el protagonismo y capacidad de autogestión de sus pobladores, todo ello con el fin del mejoramiento integral de la vida en la comunidad (Rey, 2013). Las premisas para la creación de los Talleres fueron las siguientes:

• Desarrollo de la experiencia en barrios con condiciones de vida precarias.
• Abordaje integral de los ámbitos físico, social y ambiental.
• Denominarlos “Talleres de Transformación Integral del Barrio” para expresar su carácter creativo, experimental y su objetivo de mejoramiento integral.
• Conformación en cada barrio de un equipo técnico multidisciplinario de carácter permanente integrado por miembros de la comunidad.
• Carácter multidisciplinario de la composición del equipo, integrado por sociólogos, arquitectos, pedagogos, historiadores, sicólogos, ingenieros, entre otros.
• Composición del equipo adaptada a las necesidades de cada barrio.
• Autonomía relativa del trabajo del Taller orientado a la autogestión comunitaria.
• Asesoría al gobierno local.
• Accionar desde el barrio a partir de un espacio social comunitario reconocible y accesible.
• Aprovechamiento del papel de los líderes formales e informales.
• Propiciar los vínculos de colaboración con centros e instituciones académicas y de investigación y desarrollo”. (Rey, 2001, p. 8).

La conformación de los Talleres tuvo en cuenta las tres categorías de áreas urbanas – central, intermedia y periferia –, en las que se presentan una concentración de problemas acumulados tanto en el plano físico como el social; asimismo la selección de lugares donde se hubiesen desarrollado iniciativas comunitarias con participación de la población.

Los tres primeros talleres se constituyeron en los barrios Atarés (municipio Cerro), Cayo Hueso (municipio Centro Habana) y La Güinera (municipio Arroyo Naranjo), todos comparten la condición de vulnerabilidad, dada por los problemas en la calidad de las viviendas y otros problemas sociales, los dos primeros se ubican en la zona central de la capital, mientras que el último se sitúa en su periferia, por lo que a los problemas ya señalados se adiciona la precariedad de los servicios básicos. Se distinguen además por sus ricas tradiciones históricas y culturales y los sentimientos de identidad barrial.

Desde la constitución experimental de los Consejos Populares, los Talleres trabajan en estrecha relación con estas estructuras de gobierno local, de hecho, puede considerarse que la experiencia de los TTIB, caracterizada por «un nuevo enfoque participativo y descentralizado para el trabajo al nivel de la comunidad» (Chapottín, 1998, pp. 105-106), sirvió como fundamento a la creación de los Consejos Populares. A petición de los gobiernos municipales, la experiencia iniciada en los tres barrios mencionados se extendió a 12 barrios de la capital y posteriormente en 1998 el gobierno de la capital acordó ampliar la experiencia a 20 barrios, los cuales se mantienen funcionando hasta la actualidad; según Rey (2013), seis de ellos se localizan en el área central, ocho en el área intermedia y seis en la periferia, en esta última dos funcionan en nuevos barrios y cuatro en asentamientos informales. Marianao es el único municipio que cuenta con un TTIB en cada uno de sus seis Consejos Populares.

Las líneas de acción iniciales de los TTIB fueron las siguientes: mejoramiento de las condiciones de vivienda, educación urbana de niños y jóvenes, fortalecimiento de la identidad comunitaria y desarrollo de la economía local. Respecto a la vivienda, la acumulación de problemas no resueltos y las limitaciones de recursos han determinado un avance discreto en esta línea, mención especial requiere el TTIB de La Güinera, que logró la construcción de varios edificios mediante el movimiento de microbrigradas y los proyectos desarrollados con «esfuerzo propio» por varios talleres –en especial Cayo Hueso y Atarés- para la eliminación de ciudadelas, modificando las estructuras y el estado técnico-constructivo de estos inmuebles. Es necesario destacar que la superación sistemática de los equipos de trabajo de los Talleres ha sido una línea permanente en su desarrollo, estructurada como estrategia de formación de capacidades.

La creación por los Talleres de las Casas Comunitarias ha facilitado la proyección del trabajo hacia toda la comunidad. Estos espacios permiten extender el trabajo de los TTIB, socializar sus experiencias y favorecer la participación comunitaria; todo ello a partir de las necesidades y recursos de la comunidad. Entre las actividades que se realizan en estas casas se encuentran: culturales, artísticas, deportivas y recreativas, cursos de capacitación, programas educativos, aulas de computación, salones de video, talleres y peñas.

Miren Uriarte (2002) señala que la crisis económica de los 90 introdujo algunos cambios en el trabajo de los talleres, de un énfasis inicial en la solución de los problemas de vivienda, el déficit de materiales de construcción reorientó el trabajo hacia la atención a las necesidades sociales de las comunidades –especialmente de la población más vulnerable– y el fortalecimiento de la identidad cultural del barrio; no obstante, el interés por la solución de esta importante cuestión no fue abandonado. Según los autores, el trabajo de los Talleres integra entonces diferentes líneas:

• Proyectos constructivos: rehabilitación de viviendas, escuelas, consultorios médicos y otras inmuebles de uso social.
• Proyectos medioambientales: reciclaje de desechos sólidos y campañas de reforestación.
• Proyectos de desarrollo económico a pequeña escala: talleres para artesanos, centros de proyección de videos, capacitación laboral de grupos de mujeres y clases de computación.
• Actividades de servicio social: organización de clubes para adolescentes, grupos de madres, grupos de autoestima para mujeres y programas extraescolares a partir de manifestaciones culturales locales.

Por su parte, Gina Rey (2013) explica la ampliación de las líneas de actuación de los talleres, por la mejor preparación de los equipos técnicos y otros actores comunitarios implicados, que tuvo como resultado mayor calidad de los planeamientos, así como por el impacto positivo de las acciones realizadas. De tal manera, los talleres incluyen acciones dirigidas no sólo a la vivienda sino también a la temática ambiental; no se circunscriben a la educación de niños y jóvenes, sino amplían sus acciones a la atención a grupos de riesgo; e incluye como nueva línea la capacitación de actores comunitarios y su integración. Se mantiene lo relativo al desarrollo de la economía local y al rescate de las tradiciones culturales. Una de las fundadoras de los talleres, Susana Chappotín (1998), asocia la ampliación de las acciones de los Talleres con las particularidades de cada territorio, señala entre las nuevas líneas de acción el desarrollo de la agricultura urbana, el fortalecimiento del trabajo de prevención social, la protección y conservación del medio ambiente y el trabajo con los adultos mayores.

Una tarea que subyace en todas las mencionadas es la construcción de relaciones horizontales entre las organizaciones sociales, entidades y actores diversos, lo que favorece la atención coordinada a los problemas específicos del barrio.

Al celebrarse los 20 años de fundación de los primeros talleres, fue construida colectivamente su misión:

«Promueve el desarrollo urbano y social de la comunidad, mediante la integración de la población, instituciones y organizaciones, a través de un proceso de planeamiento participativo» (Oliveras, 2008, p. 4).

Como fue señalado previamente, uno de los primeros talleres constituidos es el de La Güinera. Situado en una zona periférica de la capital, una de sus prioridades en su estrategia de trabajo fue el mejoramiento de la vivienda y las condiciones sanitarias; junto a ello se desarrollaron otras líneas de acción: trabajo con todos los grupos etarios y actividades para estimular la participación, labor sistemática de educación ambiental, historia e identidad de barrio, elevación de autoestima de la mujer, facilitación de procesos y proyectos de carácter socio-cultural comunitario orientados a problemáticas locales y la promoción de conocimientos entre los actores involucrados, y fortalecimiento de la concertación y articulación de actores locales para abordar sus iniciativas y proyectos. Este taller realizó una intensa labor para el mejor conocimiento de su territorio y población mediante censos e inventarios, seleccionó y capacitó a pobladores para su incorporación a la microbrigada y logró la construcción de varios edificios, creó la Casa Comunitaria Jo Jo White con fines socioculturales y recreativos, realiza una intensa labor sociocultural con niños y adultos mayores, actividades de capacitación para toda la población, actividades culturales con artistas aficionados, actividades de educación ambiental, trabajo social y rescate de tradiciones.

Otro taller pionero es el de Atarés, que ha desarrollado una intensa labor sociocultural, educativa y preventiva. Se destaca el funcionamiento desde 1996 de un Taller de Autoestima de la Mujer, considerado referente sobre el tema en el país (Oliveras, 2008), que responde a problemas existentes en la comunidad, como cultura patriarcal y violencia. Asimismo, la atención a niños, niñas y jóvenes mediante actividades formativas y culturales.

Los talleres utilizan un enfoque eminentemente participativo en su trabajo, el logro de la transformación social de los barrios está indisolublemente ligado a la participación ciudadana y el empoderamiento comunitario, todo ello desde una concepción integral de la participación que tiene en cuenta los tres sentidos principales que connota este término, según Rebellato (2005): formar parte - sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad-, tener parte – desempeño de roles, cooperación y tomar parte –toma de decisiones. Dicha participación pretende la transformación social en el orden material y sociocultural:

«… la participación se ha concebido en dos direcciones: un instrumento o vía para realizar transformaciones en las condiciones de vida materiales y un medio para modificar conductas, valores y estilos de vida de las personas» (Dávalos, 2004, p. 96).

Los TTIB se caracterizan por la utilización de metodologías participativas, específicamente por la elaboración de Planeamientos estratégicos comunitarios, cuyo propósito esencial es la satisfacción de las necesidades sentidas de la población a partir de la utilización de recursos endógenos, lo cual asegura la sustentabilidad de los procesos de desarrollo; su misión es entonces:

«…elevar la calidad de vida de la población a través de la transformación integral con la participación popular, para lograr, progresivamente, el mejoramiento social de la comunidad» (Pérez, Hernández & Mondéjar, 2008, p. 28).

Esta metodología requiere una preparación cuidadosa, a partir de la cual se realiza el Diagnóstico participativo de los problemas y necesidades del barrio – con definición de sus prioridades en función de posibilidades reales de solución-, de las potencialidades, recursos y fortalezas de la comunidad para su solución, así como de las oportunidades y amenazas. Para ello se desarrollan actividades de búsqueda y recolección de información, y procesos de reflexión en torno a ellas, las que se actualizan de manera permanente con vistas a elaborar propuestas de transformaciones prácticas. En el Planeamiento estratégico se definen: la misión del TTIB y los objetivos estratégicos de la transformación barrial, que incluyen las líneas estratégicas de trabajo y el plan de acción, donde se determina el alcance de las transformaciones, la participación de la comunidad, se asignan responsabilidades específicas y se determinan el tiempo y el presupuesto necesarios (Chappotín, 1998). Esta metodología incluye además acciones para el monitoreo y evaluación de los resultados de las transformaciones realizadas.

Ello se articula coherentemente con la relevancia otorgada a la participación de los actores locales en las iniciativas de los talleres, desde la premisa de que solo la integración de actores diversos, como los gobiernos locales, las instituciones radicadas en la comunidad - direcciones municipales de Salud, Cultura, Educación, Vivienda, Deportes, entre otras-, organizaciones sociales, religiosas, universidades, organismos internacionales, ONGs, líderes formales e informales, pueden complementar los conocimientos, experiencias y recursos necesarios para el accionar de los talleres. De tal manera, esta metodología contribuye a fortalecer los procesos de autogestión comunitaria y descentralización, incrementa la participación popular y fortalece la horizontalidad participativa entre los actores locales.

El desarrollo del proceso incluye la realización de talleres participativos en los Consejos Populares del territorio con la participación de la población, utilizando técnicas diversas para la recolección de la información necesaria con vistas a la identificación de los principales problemas y necesidades en los territorios (Melero, 2012).

En relación con lo anterior, la capacitación posee una importancia cardinal. Los integrantes de los talleres, junto a representantes municipales, fueron capacitados para la realización de los planeamientos por el GDIC, posteriormente se convirtieron en agentes multiplicadores al capacitar a líderes comunitarios y otros actores involucrados. También han realizado una intensa labor de capacitación y asesoría técnica a los gobiernos locales y demás actores comunitarios (Oliveras, Mesías & Romero, 2007). En el caso específico de los delegados del Poder Popular se destacan los temas relativos a trabajo comunitario y preparación para los procesos de rendición de cuentas. Estos procesos de capacitación se han caracterizado por la sistematicidad de las acciones, lo que ha permitido la continuidad de los proyectos con independencia de las renovaciones de mandato que tienen lugar cada dos años y medio durante las elecciones de los delegados del Poder Popular, en las cuales son sustituidos una parte de los delegados.

Entre esos actores, el vínculo con las universidades y otras instituciones académicas ha sido esencial para la construcción colectiva de saberes y el diseño de estrategias:

El equipo técnico del Taller debía jugar el papel de interlocutor entre el barrio y las instituciones externas a éste, lo cual permitiría la introducción de ideas avanzadas, llamado a convertirse en un laboratorio social permanente en el que los centros de investigación, académicos, e instituciones pudieran desarrollar sus estudios, investigaciones y proyectos, y que actuaría como facilitador para la introducción de ideas innovadoras tanto en lo social como en lo tecnológico. En consecuencia, promoverían la colaboración de instituciones académicas, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales enfocadas al desarrollo comunitario. (Rey, 2013, p. 7)

Otro aspecto relevante en el trabajo de los Talleres es su rol en la gestión del conocimiento; según Labrada (2008) esto se sustenta en los siguientes elementos: la identificación de los conocimientos en función de los problemas existentes y de los objetivos de la estrategia de la comunidad, su localización y producción en la propia comunidad, y la socialización de los saberes. Los temas más abordados son afines a su labor: planeamiento estratégico comunitario, gestión de proyectos, trabajo comunitario, educación popular, comunicación social e interpersonal, manejo y mediación de conflictos, coordinación grupal, técnicas de facilitación, liderazgo, concertación para el desarrollo local, diseño participativo, urbanismo, enfoque de género, educación medioambiental e investigación de la historia local (Pérez, Hernández & Mondéjar, 2008, p. 26).

Algunos de los resultados alcanzados por los Talleres en algo más de 20 años de labor son los siguientes (Rey, 2013; Dávalos, 2004, Oliveras, 2008):

• Empleo más efectivo de los recursos del barrio para la atención de las necesidades específicas de la comunidad.
• Impulso a la descentralización y autonomía local.
• Estilo de organización y trabajo basado en el diálogo abierto y movilizador.
• Capacitación sistemática de los equipos de trabajo y colaboradores para el desarrollo de sus capacidades.
• Fortalecimiento del liderazgo colectivo comunitario.
• Construcción y fortalecimiento continuos de una red de relaciones horizontales entre las personas, instituciones, y líderes formales e informales.
• Rol como coordinadores, promotores y gestores barriales.
• Rescate de tradiciones comunitarias.
• Creación de las Casas Comunitarias de los barrios, espacios para el intercambio social, trabajo educativo y proyectos comunitarios.
• Asesoramiento técnico y capacitación a los gobiernos locales para su gestión, en particular en el conocimiento de los problemas de las comunidades y en el enfoque de su solución desde los propios recursos.
• Se han constituido en incubadoras para el apoyo a los proyectos de desarrollo comunitario tanto de iniciativa externa como a los promovidos por actores barriales.
• Inserción en la colaboración internacional.
• Introducción de nuevos temas en las agendas de trabajo como el género y los asuntos ambientales.
• Trabajo socio-educativo con distintos grupos etarios, fundamentalmente niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
• Trabajo con grupos vulnerables con enfoque preventivo y educativo.

A lo anterior debe adicionarse que en ese liderazgo colectivo se destaca el protagonismo femenino; la mayoría de las personas que trabajan en los Talleres y la mayoría de las especialistas principales son mujeres.

Gina Rey (2013) señala como retos para el desarrollo de la labor de los Talleres, las limitaciones en los procesos de descentralización y autogestión comunitaria y fundamenta la necesidad de un marco jurídico que legitime la participación y empoderamiento comunitarios. En la actualidad, aunque se observa un énfasis en el desarrollo local y se despliegan varias iniciativas de desarrollo a nivel municipal, el desarrollo comunitario aparece más bien limitado a los aspectos socioculturales mientras que el reconocimiento a iniciativas económicas a ese nivel está aún pendiente, por otro lado, están teniendo lugar procesos de reinstitucionalización del trabajo social en las comunidades que plantean niveles de incertidumbre para la continuidad de estas experiencias.

Servidores públicos

Un acercamiento a los servidores públicos de Cuba y sus funciones parte de reconocer que los contenidos que respaldan su ejercicio están expresados en varias legislaciones. Entre ellas pueden identificarse la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular y de los Consejos Populares, del 16 de enero de 2020; el Código de Trabajo, el Decreto-Ley sobre el sistema de trabajo con los cuadros del Estado y el gobierno, los códigos de ética de diferentes profesiones y organizaciones y hasta la Constitución de la República. Tales reglamentaciones acopian funciones de nuestro Estado socialista y en ellas pueden identificarse a los servidores públicos con los apelativos de “cuadros”, “dirigentes”, “directivos”, “funcionarios”, “empleados”, “dependientes” y “delegados”. En consecuencia, “servidor público” en Cuba resulta una expresión general que engloba funciones de diferentes características, asumidas desde cargos y puestos diversos.

Servidores públicos en los municipios

En los municipios de Cuba la estructura de gobierno está formada por la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) y el Consejo de la Administración Municipal (CAM) subordinado a ella. En ambas un conjunto de servidores públicos encarna la acción pública del Estado en este nivel; esta tiene que ver fundamentalmente con las funciones relacionadas con la facultad del municipio para dictar sus propias normas y desarrollar sus funciones ejecutivas.

La facultad para dictar normas propias es asumida por los delegados de circunscripción que, como miembros de la AMPP y representantes de los electores de su circunscripción ante esta y al amparo de la Constitución de la República y la Ley 132/2019 de Organización de Funcionamiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular y de los Consejos Populares, pueden aprobar acuerdos y ordenanzas relacionadas con la vida económica o social del territorio. También asignan funciones de control sobre las entidades de incidencia local y ratifican reglamentaciones territoriales fundamentales en el refuerzo para el cumplimiento de las leyes. Son servidores públicos que llegan a sus funciones por la vía de la elección popular; muchos de los cuales fungen, además, como cuadros y directivos, ya sea como presidentes o vicepresidentes del órgano, de las comisiones de trabajo o de los Consejos Populares.

De igual manera estos delegados, en calidad de servidores y con respaldo en la mencionada Ley y en la Constitución, propician la interacción ciudadano-gobierno; realizan despachos regulares con los electores y de-35 mandan la correcta atención a las quejas y peticiones de la población, respecto a situaciones que le afectan. También informan y tramitan los planteamientos con la secretaría del Consejo de la Administración Municipal o directamente con la entidad administrativa que corresponda, la cual está obligada a dar respuestas oportunas y razonadas en el plazo más breve posible. En su actividad los delegados están encargados de promover y apoyar el desarrollo del trabajo comunitario; coordinan encuentros con los directivos de las organizaciones políticas, de masas y sociales de su circunscripción y con otros ciudadanos para tratar asuntos de la comunidad que requieran de la participación popular; así como también movilizan a los electores para la participación en las reuniones donde rinden cuentas de su gestión.

Por otro lado, en respaldo a la función ejecutiva estatal en el municipio, se desempeñan otros servidores públicos que se ocupan de dar curso a la actividad propiamente administrativa de los organismos estatales del municipio, desde un servicio de utilidad social. Se trata de trabajadores, cuadros, directivos y funcionarios, designados para ocupar sus cargos y puestos en los diferentes sectores. Se incluyen aquí, igualmente, aquellas personas en prestación de un servicio en concesión controlado por el Estado. Unos se desempeñan en la función pública de los diferentes sistemas de las organizaciones económicas y unidades presupuestadas del Estado y del gobierno: dirigen, orientan, guían, controlan y despliegan las políticas definidas por los órganos superiores y territoriales del Estado a través de cargos de dirección (dirigentes) o de carácter profesional de complejidad y responsabilidad (funcionarios). Otros, por su parte, realizan labores directamente en las entidades de producción y servicios.

Competencias de los servidores públicos municipales

En los municipios cubanos donde se han iniciado procesos de desarrollo en los últimos años se reconocen altos grados de instrucción, experiencia, laboriosidad, calidad humana, consagración, deseos de trabajar y optimismo. También se distinguen otros valores, como sentido del emprendimiento, creatividad, confianza, capacidad organizativa y buenas relaciones interpersonales. Sin embargo, también se identifica como barrera la falta de una adecuada preparación para enfrentar el desarrollo del territorio (Hernández y Sánchez, 2019). Ello involucra directamente la labor de los servidores públicos municipales (delegados de circunscripción, cuadros, funcionarios o prestadores directos de servicios a los ciudadanos del municipio) y devela la necesidad de desarrollar en ellos competencias necesarias para una actuación más eficiente y efectiva en esta dirección.

En los últimos tiempos el tema de las competencias ha sido recurrente, sobre todo en la gestión de recursos humanos en los ámbitos empresariales y de administración. Sobre el tema existen diversos enfoques y clasificaciones, fundamentalmente desde miradas psicológicas, pedagógicas y laborales.

A las competencias se asocian términos como “actitudes”, “afectos”, “motivaciones”, “valores”, “conocimientos”, “experiencias”, “aptitudes”, “capacidades”, “habilidades” y “destrezas”.

Específicamente en Cuba los estudios sobre competencias han estado relacionados con su desarrollo, formación y evaluación, enfocados en lo organizacional, social y educativo (Raventós, 2018). Desde el grupo Aprendizaje para el Cambio, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), las competencias pueden entenderse como:

Proceso emergente y autoorganizado de actualización de potencialidades y de movilización-articulación de los recursos necesarios, orientado a dar respuesta a una demanda contextual (de una práctica social e históricamente construida) que se expresa en un desempeño individual y/o colectivo, autorregulado y socialmente valorado por su idoneidad (Rodríguez-Mena et al., 2017, p. 14).

En línea con estos autores, se es competente cuando se hace consciente la necesidad de acoplar aprendizajes anteriores a las exigencias de la actividad. Las competencias movilizan, integran y orquestan recursos para saber actuar, saber hacer y saber ser en una situación. Una persona competente identifica recursos personales o colectivos, ya incorporados o en formación, los acopia y los instrumenta como herramientas de acción (Rodríguez-Mena et al., 2017).

Relación de las competencias con las capacidades, habilidades y los valores

Alejado del matiz de competitividad con que se han abordado las competencias laborales, Cejas y Castaño (2003) han identificado un consenso en las particularidades que las relacionan con capacidades, habilidades y valores de una persona, que las aplica habitualmente en su trabajo.

Por este camino, y en relación con los servidores públicos municipales, se asume la concepción de capacidades de Rivera (2016), quien las identifica como componente estructural de las competencias y las entiende como particularidades psicológicas de las cuales depende la adquisición de conocimientos, habilidades y hábitos. Sin embargo, las capacidades no se reducen a estos procesos cognitivos, sino que se constituyen en soporte para que sean posible la adquisición y construcción de conocimientos, el despliegue de habilidades y el establecimiento de hábitos.

Es decir, las capacidades se instituyen como elementos constitutivos de las competencias, en tanto condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente intelectuales que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo (RAE, 2020); son recursos personales que trascienden como potencialidades para desempeñar una determinada tarea, como posibilidades positivas para el hacer. Ejemplo de ellas son los conocimientos, la formación académica, las condiciones físicas y mentales y otras. Entre tanto, las capacidades soportan las habilidades, entendidas estas desde el dominio de los ordenamientos prácticos para la realización eficaz de las tareas; son aquellas que favorecen el resultado exitoso de determinados empeños (Adsuara, 2020).

Muestra de todo ello resulta, por ejemplo, el buen desempeño de un profesional. No basta con la formación académica; esta aporta la base para lograr tal propósito, también se precisa de las habilidades laborales necesarias y, entre otros aspectos, de decisiones acertadas.

Este entramado de capacidades y habilidades, que en la actividad se tornan competencias y conducen al éxito de la actividad, pasa también por convicciones que determinan la conducta de las personas implicadas. Se trata de valores que, como alcances de la significación o importancia de algo (RAE, 2020); constituyen pautas que permiten elegir, tomar decisiones y seleccionar modos de acción.

En el ámbito de las competencias de los servidores públicos, la tríada capacidades- habilidades-valores esboza las condiciones personales, formativas y de capacitación necesarias para el cumplimiento de su labor. Se trata de aspectos individuales y de preparación para el desarrollo de su hacer, cualidades y conocimientos para manejar con suficiencia conceptos teóricos y metodológicos básicos en el área de que se trate, de las posibilidades para incorporar nuevos conocimientos que permitan el logro de objetivos y metas. Estas condiciones serán más adecuadas y eficientes mientras más se acerquen a las exigencias del cargo o puesto que se asume.

A estas premisas se unen entonces las pericias, las mañas de las que han de valerse los servidores públicos para afrontar las diversas situaciones a las que deben enfrentarse en su faena. La solución de problemas y/o el aprovechamiento de oportunidades deben encontrar las vías más efectivas para ser canalizadas con coherencia, y ello tiene mucho que ver con el saber hacer en el manejo de cuestiones tanto profesionales como sociales. Se destacan, entre otras, las habilidades para organización y planificación, la deducción lógica, el saber escuchar y hacerse entender, la comunicación asertiva, el manejo de problemas y conflictos, y las destrezas para manejar información.

En las competencias de los servidores públicos afloran valores desde los cuales se orientan la conducta y el comportamiento. En una sociedad de rasgos socialistas como la nuestra, para el logro de un desempeño efectivo de estos servidores no resultan suficientes las capacidades y habilidades de estas personas; al deberse a la sociedad desde las funciones del Estado, su modo de actuar debe ser expresión fundamental de honradez, responsabilidad, respeto y solidaridad, en vínculo con el resto de los ciudadanos y con la sociedad en general.

Competencias en el desempeño de los servidores públicos municipales

Las características personales, la formación de base y las capacitaciones recibidas, entre otros aspectos, sustentan las capacidades que soportan el punto de partida del desempeño de los servidores públicos municipales. Asimismo, habilidades como la asertividad y la empatía deben completar su concreción. Todo ello también se nutre de valores que transversalizan las decisiones.

En esta dirección, competencias relacionadas con el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo adecuado de información y la efectividad en la toma de decisiones sobresalen como las más reveladoras para el desempeño efectivo de los servidores públicos municipales cubanos.

El liderazgo trasciende como una de las competencias que mayor relación tiene con buena parte de estos servidores. Se relaciona fundamentalmente con el manejo de las relaciones interpersonales, la habilidad para motivar y conducir a las personas hacia las metas comunes, con énfasis en la promoción de compromiso, así como el logro de la movilización de la comunidad o la institución hacia el futuro y la generación de culturas y estrategias innovadoras (Batista, 2017).

Al mismo tiempo, la efectividad en el acto de interacción con el resto de las personas constituye una de las competencias relacionadas con la comunicación. Se trata de una actitud de oyente activo que permite escuchar, preguntar y tener claridad frente a los planteamientos de otros expositores, una práctica en la que no solo se transmiten puntos de vista, sino que se interpretan los mensajes y sus intenciones. En ello también es importante la evaluación de la condición de los interlocutores, el análisis y el aprovechamiento del contexto en el que se colocan los enunciados, y el buen empleo de espacios de comunicación y de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como vías que apoyan el intercambio y la retroalimentación con los interlocutores. Así se logra una comunicación que convence y conmueve para crear y crecer en un interés colectivo (García, 2007).

Por otro lado, las competencias que conciernen al trabajo en equipo garantizan a los servidores públicos la obtención de resultados conjuntos, cuyo éxito contribuye al equilibrio adecuado entre las relaciones humanas y la tarea asignada (Batista, 2017). Este tipo de actuación favorece la participación y el trabajo colaborativo, lo cual contribuye a constituir formas de trabajo estimulantes y alentadoras, que reconozcan y potencien las habilidades y contribuciones dentro del equipo, que se construyan sobre las ideas de todos y se creen en una cultura de colaboración (Lavanderos, 2006). Es una concepción que busca compromiso por parte de los equipos de trabajo y de la sociedad toda. En este sentido los delegados pueden potenciar una activa participación popular, mientras el resto de los servidores pueden armonizar de mejor modo su compromiso sectorial e institucional en función de ello.

En la actividad de los servidores públicos municipales, otras competencias involucran la organización y planificación, así como la determinación y empleo adecuado de información. Con las primeras pueden distribuir y establecer con eficacia el orden conveniente en sus labores, priorizando y estructurando asuntos y acciones en función de objetivos y tareas. Con las segundas precisan las diversas formas de captación de información (observación, escucha, entrevistas, consultas a expertos o personalidades y revisión de documentos, fuentes impresas y recursos informáticos) y evalúan su calidad.

Las competencias que guardan relación con lo resolutivo y la diligencia en la búsqueda de resultados permiten el abordaje de problemas y desafíos propios de la actividad que realizan, así como el comprometimiento en acciones basadas en suposiciones lógicas y objetivas que consideren el contexto y los recursos disponibles (Lavanderos, 2006).

Por este motivo, en función de la implicación en las tareas del desarrollo municipal, la mirada debe enfocarse hacia las competencias de los servidores públicos municipales. En consecuencia, las capacidades deben ser fortalecidas y direccionadas en atención a tal propósito, además de consolidar las habilidades que permitan mayor pericia en esta intención. Al mismo tiempo, deben estimularse valores positivos como aquellos que enaltecen la honradez, la responsabilidad, el respeto por los demás y por el ambiente, la delicadeza de no exigir lo que se es incapaz de cumplir, el afán de superación y la perseverancia.

Dado el grado de relación estrecha con la ciudadanía y con el logro de las metas para el desarrollo, el logro de competencias en la labor de los servidores públicos municipales resulta indispensable en función de cerrar las brechas existentes para alcanzar la debida preparación para el desarrollo del territorio. Que sean competentes tributa no solo al bienestar de la sociedad local, sino también a la trasmisión de los significados que recepcionan los ciudadanos acerca de la labor del Estado (Hernández y Sánchez, 2019).

Véase también

• Constitución de la República de Cuba
• Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución
• Asamblea Municipal del Poder Popular
• Consejo Popular

Bibliografía

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Fuentes

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• Portal Cuba.cu
• Centro de Liderazgo Comunitario de la Universidad de Rutgers – Estados Unidos
• Plataforma de Eventos Científicos de la Universidad de Holguín – Cuba
• Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba
• Revistas de la Universidad de Granada - España
• Revista científica AVANCES del Centro de Gestión e Información Tecnológica de Pinar del Río – Cuba
• Revista Cubana de Psicología