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Nació en La Habana, Cuba, el 22 de mayo de 1765 y falleció en la propia ciudad, el 21 de marzo de 1837.
 
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Cursó sus estudios de Humanidades en el Real Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio; en 1781 ingresó en la Facultad de Leyes, de la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, donde obtuvo el título de bachiller en Derecho Civil, en 1786. Viajó a [[Santo Domingo]], donde se destacó en la audiencia como orador y jurista.
 
Cursó sus estudios de Humanidades en el Real Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio; en 1781 ingresó en la Facultad de Leyes, de la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, donde obtuvo el título de bachiller en Derecho Civil, en 1786. Viajó a [[Santo Domingo]], donde se destacó en la audiencia como orador y jurista.

Revisión del 15:41 12 mar 2022

Francisco de Arango y Parreño
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Francisco Arango.jpeg
Abogado, comerciante y economista cubano, promotor de la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País
Nacimiento22 de mayo de 1765
La Habana, Bandera de Cuba Cuba
Fallecimiento21 de marzo de 1837
La Habana, Bandera de Cuba

Francisco de Arango y Parreño. Abogado, comerciante y economista cubano. Uno de los promotores de la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País, y con posterioridad ocupó el cargo de Director. Figura de primer orden en la vida política de Cuba en la época.

Baluarte del reformismo, quien combinó con gran acierto en su discurso político la aplicación de la ciencia a la economía, una muestra de lo cual fue su famoso discurso sobre la Agricultura de La Habana y medios de fomentarla. Arbitro de la Comisión Mixta (1819) que se ocuparía de la cuestión de la trata de esclavos.

Francisco de Arango y Parreño dejó su impronta en Artemisa, fue el gestor de su fundación y quien la pensó, la engendró y la materializó, lo cual ha sido poco divulgado.

Breve síntesis biográfica

Nació en La Habana, Cuba, el 22 de mayo de 1765 y falleció en la propia ciudad, el 21 de marzo de 1837.

Francisco de Arango yyy.jpg

Cursó sus estudios de Humanidades en el Real Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio; en 1781 ingresó en la Facultad de Leyes, de la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, donde obtuvo el título de bachiller en Derecho Civil, en 1786. Viajó a Santo Domingo, donde se destacó en la audiencia como orador y jurista.

Tras su regreso a La Habana, embarcó hacia España en 1787 e ingresó en la Real Academia de Derecho Patrio y Común, de Madrid donde continuó sus estudios, graduándose de abogado en la Universidad de Madrid, en 1789.

En 1788 fue nombrado principal apoderado del Ayuntamiento de La Habana ante el gobierno de Madrid.

Se le nombró oidor de la Audiencia de Santo Domingo (1793). En 1794 se le nombró síndico perpetuo del Real Consulado de Agricultura y Comercio, instalado en 1795 y creado a instancia suya donde desplegó una importante actividad, tanto en el terreno económico como en el social. Recorre Europa para hacer estudios de economía.

Regresa a Cuba e ingresa en la Real Sociedad Patriótica de la Habana, de la que fue director (1797 - 1798) y más tarde socio de honor. Formó parte de la comisión encargada de redactar y administrar el Papel Periódico de La Habana cuando comenzó a publicarse bajo el cuidado de la Real Sociedad Patriótica. Resultó una figura de primer orden en la vida política de la Isla en aquella etapa, lo cual se evidenció en las múltiples actividades que desplegó en pro del desarrollo económico y social.

Fue uno de los promotores de la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País, en 1791, y con posterioridad ocupó el cargo de Director. Se desempeñó como primer síndico del Real Consulado (1793), y como asesor del Tribunal de Alzadas. Se le nombró oidor honorario de la Audiencia de México (1810). En 1811 se le concedieron los honores de ministro del Supremo Consejo de Indias y en 1812 resultó electo Diputado a Cortes, y Ministro de la Junta Central, por la Diputación Provincial. Ejerció las funciones de consejero del Consejo de Indias y de miembro de la Junta Real para la Pacificación de las Américas, durante 1816. Fue árbitro de la Comisión Mixta (1819) que se ocuparía de la cuestión de la trata de esclavos.

En 1825 se le dio la comisión de redactar el plan de estudios que debía regir en la Isla. Recibió el título de prócer del Reino en 1834.

Se le reconocen entre sus principales obras las siguientes:

  • Informe al Rey sobre la condición de los esclavos en Cuba y urgente necesidad de la supresión del tráfico (1828).
  • Máximas económico-políticas sobre el Comercio colonial (1816).
  • Observaciones sobre el ensayo político de la Isla de Cuba por el Barón de Humboldt.
  • Noticias útiles a nuestra Agricultura y comercio.

Impronta de Francisco de Arango y Parreño en Artemisa

A la hora de estudiar la historia del actual municipio Artemisa, debemos partir de lo que escribiera el Comandante Camilo Cienfuegos:

“Artemisa, pródigo en luchadores, pródigo en héroes, pródigo en mártires”. [1]

En tal sentido la figura de Francisco de Arango y Parreño, se convierte en imprescindible, fundamentalmente por el papel protagónico jugado por él en la etapa fundacional de Artemisa y porque durante años se nos ha dado una imagen, algo distorsionada, de este hombre que fue, como lo caracterizara el historiador Eduardo Torres-Cuevas:

“…el más brillante expositor del proyecto socioeconómico de la Ilustración Reformista Cubana, el de mayor agudeza política de la también llamada Generación del 1792, que constituyó la primera expresión totalizadora y original de un quehacer político, intelectual, científico, económico y militar cubano”. [2]

Todos conocemos de la reunión celebrada por el Real Consulado de Agricultura y Comercio y La Junta de Fomento, bajo la presidencia del Capitán General de la Isla, el 28 abril de 1802, donde tácitamente fue aprobada la fundación de nuestra ciudad.

Para tener una idea exacta del papel jugado por Arango y Parreño en este acuerdo y en los pasos posteriores que se dieron para el surgimiento de la ciudad de Artemisa, debemos retroceder en la historia a la década anterior al incendio de los barrios de extramuros de Jesús María y Guadalupe, aquel 25 de abril de 1802.

¿Quién era Francisco de Arango y Parreño?

Don Francisco de Arango y Parreño, en virtud de la última voluntad de su padre, Don Miguel Ciriaco de Arango, heredó de este el cargo de Sexto Regidor, Alférez Real del Ayuntamiento de La Habana, por proclamación que se le hizo el 6 de abril de 1786, confirmada por Real Cédula del 11 de junio de 1788, en que fue aprobada por el Rey, asumiendo las funciones de Apoderado del Ayuntamiento de La Habana, en la Corte española.

El 22 de junio de 1791, con motivo a la alarma que se originó en el reino por la insurrección de Haití, como Apoderado del Ayuntamiento habanero recibe una orden del Rey y de su Suprema Junta de Estado, para que “propusiese los medios de que nuestra Isla sacase, de semejante catástrofe, todas las ventajas posibles”. Cumpliendo con este precepto, presentó Arango y Parreño un largo discurso y proyecto.

Este discurso tenía como objetivos centrales, según expone Eduardo Torres-Cuevas en su libro “Historia de Cuba”:

“El libre comercio de esclavos; aumento de la esclavitud para resolver las necesidades de fuerza de trabajo y la eliminación de todos los obstáculos que impiden su explotación intensiva; mejoramiento y perfeccionamiento en la utilización de las tierras y la aplicación de la más moderna técnica; desarrollo tecnológico de la manufactura azucarera; el desarrollo científico del país; libertad de comercio no solo con los puertos españoles sino también con los otros Países; disminución de gravámenes e impuestos a las exportaciones e importaciones cubana; disminución del peso de la usura en los préstamos necesarios para incrementar la agricultura y la manufactura”.

(…)

“El proyecto sin embargo, no se reducía a un contenido oligárquico-esclavista-plantacionista. Lo más significativo es la elaboración de un amplio campo de medidas que contrarresten los efectos de la esclavitud. A ello se une el criterio del carácter transicional de esa institución en Cuba porque la aspiración es convertir a la Isla en la Albión de América. No cree Arango que los sucesos de Haití se puedan reproducir en Cuba. Espaciosas razones le permiten sostener que no existen las mismas condiciones. Uno de los puntos más importantes de su concepción es el fomento de la colonización blanca que permita la creación de poblados en todo el interior de la Isla, que situados convenientemente serían un poderoso freno para la ideas sediciosas de los esclavos campestres”. Y termina diciendo Eduardo Torres-Cuevas “Esta última medida tenía otros dos objetivos: el aumento del campesinado que produce otros renglones agrícolas no plantacionistas y crear las bases de la mezcla de razas que debía borrar, llegado el momento, la memoria de la esclavitud”.[3]

El conocimiento de este discurso y su proyecto ante el Rey Carlos IV y la Junta Suprema del Estado, conocida en la Historia de Cuba como “Discurso sobre la Agricultura en La Habana y medios de fomentarla”, así como los inevitables reparos que se le hicieron y los oficios que el Rey emitió posteriormente, son imprescindibles para poder hacernos un juicio más o menos exacto del papel jugado por el Real Consulado y su Junta de Gobierno en la historia artemiseña.

¿Qué era el Real Consulado de Agricultura y Comercio?

Cuando leemos en “La Historia de Artemisa”, de Manuel Isidro Méndez, lo referido a aquella reunión del 28 de abril, la idea que se nos presenta es que el Capitán General, Salvador de Muro y Salazar, Marqués de Someruelo, se había reunido con el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, para resolver la situación creada por el incendio, craso error, ya que el Real Consulado no era más que un tribunal donde se resolvían los litigios de comerciantes y agricultores, evitando que estos fuesen a los tribunales ordinarios.

Consulado: “Tribunal compuesto de Prior y Cónsules, que conoce y juzga de los negocios y causas de los comerciantes por lo relativo a su comercio”. [4]

Es de destacar que en el Discurso…, Arango plantea tácitamente:

“…que los males de la Isla no se resolverían por medio de los actuales Consulados ni de las Sociedades Patrióticas”, porque los Consulados “no sirven para otra cosa, que para dar de comer a sus ministros, para traer consideración al cuerpo útil de comerciantes, y para cortar entre ellos, suave y sencillamente, algunos de los ruidosos pleitos que a menudo se originan. Eso de propagar las luces, no digo de agricultura, pero ni aun mercantiles, es asunto muy ajeno de su instituto y de sus ocupaciones”. “Las Sociedades Patrióticas en su presente organización, no pueden traer los bienes de que son susceptibles: sin autoridad, sin fondos y sin estímulos para mover al trabajo a sus miembros, influyen flojísimamente en el bien común. Y además, hablemos con lisura y verdad: si las que hay en la Península apenas sirven para reedificar, ¿cómo hemos de persuadirnos que la que se establezca en la Habana ha de ser capaz de hacer desde los cimientos tan complicado edificio?”. [5]

En el Proyecto, anexo al Discurso, Arango plantea la formación de la Real Junta Protectora de la Agricultura, que además de lo expuesto por Eduardo Torres-Cuevas, el plan contemplaba asumir los litigios de los agricultores, pero él no se planteaba intervenir en los pleitos de los comerciantes.

El historiador Ramiro Guerra realizó un amplio y profundo análisis sobre el por qué Arango no quería que su Junta se metiera en los pleitos de los comerciantes, y según Ramiro esto se debía a:

“la imposibilidad de simultanear las actividades propias del productor con las del comerciante, no solamente el comercio interior, sino el exterior, de exportación e importación, estaba a cargo de los comerciantes peninsulares establecidos en la Isla y en algunos pocos puertos de la Península, particularmente en Cádiz y Barcelona”. “Estos comerciantes financiaban o refaccionaban a los productores, cobrándoles un exorbitante interés, ya que las restricciones al comercio extranjero ponían en manos de las grandes casas comerciales de la Habana y de los puertos españoles mencionados, casi todo el intercambio comercial y los pocos buques existentes para el transporte de las mercaderías. Con intereses comunes en el fondo, productores y comerciantes, el carácter monopolista y expoliador del comercio, centralizado en unas pocas grandes casas de la Habana y la Península, los colocaba en posición antagónica. El comerciante en la Habana seguía fielmente la tradición de defraudar, contrabandear, sobornar a los funcionarios y expoliar a los productores y a los consumidores en general. Y como en su gran mayoría los productores eran “hijos del país”, y los comerciantes, peninsulares, la contradicción de intereses, de sistema de vida y de medios de hacer fortuna, eran fundamentalmente distintos”. [6]

¿Por qué se crea el real consulado y su junta de gobierno?

La respuesta la da Arango al Fiscal del Consejo de Indias, en ocasión de responder un grupo de Reparos a su Discurso y Proyecto, hechos por el Contador de Indias. Y ante el Reparo de:

“…que esta Junta protectora de la Agricultura lo sea también del Comercio, y sea como parte del Consulado”, Arango contestó: “…lejos de oponerse a mis ideas, es muy conforme de ellas. Que la Junta proteja también al comercio. Lo mismo he dicho yo en el párrafo once de mi proyecto. Estas son mis palabras: Para lo cual manda S.M. formar una Junta particular que proteja interior y exteriormente la agricultura. Proteger exteriormente la agricultura y particularmente en un país, en donde todo el comercio consiste en la extracción de sus frutos, es en términos facultativos lo mismo que proteger el comercio”.[7]

El que haya leído su Discurso y el Proyecto, recordará que él pedía para su Junta un Fiscal de la Real Audiencia del Distrito (Santo Domingo) y no un Síndico, como finalmente sucedió, y él argumentaba:

“…pues habiendo demostrado que en tanta variedad de asuntos es menester que haya una persona que abra a la Junta un dictamen que la ilustre en las dudas legales que ocurran, y que tanto en éstas como en los demás casos de contestación que se ofrezcan, la represente en los otros tribunales y cuerpos de la ciudad, parece tan natural que el que haya de tener este encargo se llame Fiscal, que yo no encuentro otro modo de denominarlo”, y en otra parte del documento exponía: “por que considerándose este individuo como un miembro de la Real Audiencia del distrito, la Junta tendría a este tribunal por natural protector, y el tribunal tendrá en aquel Ministro un recurso que ahora no tiene para hacer ejecutar sus providencias a tanta distancia como está la Habana de Santo Domingo, y para adquirir otras noticias muy conducentes al desempeño de su autoridad”. [8]

Arango exponía:

“La causa es convincente, pues por el vemos que letrado y Fiscal significan lo mismo. Aun reducida la Junta a su verdadero instituto, no se probará que es ocioso el Fiscal. Lo más que pude decirse es que en aquel caso, no es necesario que tenga la calidad de letrado; pero que debe haber uno que ejerza las funciones de Fiscal o de Síndico”. [9]
“…sólo diré que esta Junta organizada como correspondería, en lugar de formarlas, las cortaría; y que lejos de ser mi intención multiplicar cuerpos, pensaba en ahorrar uno, pues tratándose de establecer Sociedad Patriótica y Consulado, yo quería que mi Junta desempeñase las funciones de una y otro”. Y más adelante, en ese mismo Reparo, planteaba: “…y sin embargo de estar viendo, por la experiencia, la poca vitalidad que producen en la Península las Sociedades Patrióticas y de que la que se proponían para la Habana era una copia de la de Madrid y Canarias”.[10]

No obstante a estos argumentos de Arango, por Real decreto y órdenes del 22 y 24 de noviembre de 1792, el Rey aprueba su proyecto y lo nombra Síndico del Real Consulado, que se formará en La Habana, posteriormente el 21 de diciembre de 1793, por Real cédula, se le concede a Arango los honores y el sueldo de “Oidor de la Audiencia de Santo Domingo”, y el 4 de abril de 1794, en la Real cédula, que establecía el Consulado de Agricultura y Comercio, se le concedió a Arango, por el artículo 41 la “Sindicatura Perpetua” del mismo.

¿Por qué el Rey lo nombra, con honores y sueldo, “Oidor de la Audiencia de Santo Domingo”?

La primera de las interrogantes, está implícita en las respuestas anteriores, al no ser nombrado como Fiscal de la Real Audiencia del Distrito (Santo Domingo), sino Síndico de la Junta de Gobierno del Consulado, es necesario darle un determinado nivel jerárquico “Oidor de la Audiencia”. En cuanto a la otra interrogante, el sueldo, las motivaciones que tuvo el Rey hay que buscarlas en el punto 23 de su Proyecto, cuando Arango expresó:

“Los únicos gastos que hasta el presente se ofrecen, es el sueldo del nuevo Fiscal”, y continuaba más adelante: “Lo primero no puede considerarse como un gasto. Se ha propuesto para este empleo un hombre que cuando menos lo tenga merecido, y a quien S.M. haya ofrecido una plaza correspondiente a aquélla, con que nada importa pagarle aquí o allí, y más cuando este ministro puede considerarse en comisión”.

Llegado a este punto, podemos preguntarnos, si el Real Consulado de Agricultura y Comercio, no era más que un tribunal, para cortar entre ellos suave y sencillamente algunos de los ruidosos pleitos que a menudo se originaban. Y si la Real Junta Protectora de la Agricultura, como él pidió en el Proyecto que se le llamara, tenía objetivos bien definidos en lo científico y en lo tecnológico para el desarrollo de la agricultura en La Habana, ¿qué hacían estas instituciones involucradas en la solución de las consecuencias de aquel incendio del 25 de abril de 1802?, que evidentemente no le correspondían.

La respuesta a esta pregunta hay que buscarla, también, en el Discurso y su Proyecto, y así, en el punto 17 del proyecto, Arango expresaba:

“Se ocupará igualmente la Junta en proponer los medios de aumentar la población de blancos en los lugares de la Isla que juzgue más conveniente, contando en esta parte con los auxilios del Diocesano, que debe dar grata audiencia a un pensamiento tan propio de sus obligaciones”. También podríamos encontrar parte de la respuesta en el punto 21 del Proyecto, cuando expresó “…En el caso de un huracán, o de una inundación igual a la que acaban de sufrir, y se pintó en la “Gaceta” de noviembre de 1791, tienen un cuerpo o una persona pública encargada particularmente de su protección. El Gobernador, el Intendente, no tienen fondos para esto. Es cierto que se enternecían en los primeros momentos, y que desearían muy de veras el remedio de la miseria; pero estos sentimientos de humanidad pronto se evaporan, por estas ocupaciones de la mayor importancia, y el desdichado agricultor queda reducido a sí mismo, y a sus miserables recursos”.

Pero realmente vemos el interés del Síndico de la Junta de Gobierno (como finalmente se le denominó) del Real Consulado de Agricultura y Comercio en resolver la situación creada con los damnificados, cuando expresó en el cuerpo de su Discurso:

“La dureza de la vida campestre en aquellas regiones; el descuido con que hasta ahora se ha vivido y la larga extensión de los curatos, han hecho que la población de blancos no esté en pie ventajoso que debía, y lo que es más doloroso que la mayor parte de ella se halle entregada al ocio o a ocupaciones poco útiles, dentro de las ciudades y villas. Las aldeas situadas convenientemente serían un poderoso freno para las ideas sediciosas de los esclavos campestres, son raras y las pocas que hay, en sitios nada a propósito. Este es otro objeto vastísimo para la ocupación de la Junta de Agricultura. El arreglo de la policía de los campos y el establecimiento de medios que, al paso que hagan agradable esta vida inocente, faciliten la propagación de la especie. Nada se ha hecho hasta ahora sobre estos particulares. Los cortos aumentos que ha tenido la población se debe a la casualidad”.

Como hemos observado en los párrafos anteriores, hay un interés marcado en Arango en el fomento de nuevas poblaciones agrícolas y la ayuda a los agricultores, recuérdese sus palabras en la sesión de la Junta el 21 de mayo de 1802:

“… arraigar en el campo cuantas familias urbanas fuera posible, haciendo fluir en pequeñas poblaciones, las que sin este impulso quedarían establecidas en esta capital” y téngase en cuenta también, que aquel incendio causó 8,731 damnificados y que solamente vinieron a trabajar a estas tierras un número reducido de familias, entre 13 y 15, esto originó que 2 meses después del siniestro Someruelo estaba yendo de casa en casa pidiendo dinero, o sea la acción de la Junta no cubría a todo el universo de los incendiados, sino a los que estuviesen dispuestos a venir a estas tierras para hacerlas producir.

Y es así, que teniendo estas ideas, expresadas 10 años antes del incendio, nos podemos explicar la interrogante ¿del por qué involucró las instituciones que operaban bajo su dirección, aquel 28 de abril? Y por qué no, también pudiéramos pensar que ya en 1792, él tenía la idea de concebir una Artemisa y que aquel siniestro le dio la oportunidad para materializarla.

¿Fue Arango realmente culpable de todo lo que se le ha acusado?

En el citado libro de Manuel Isidro Méndez, unas veces solapadamente y otras directamente se le acusa a Arango de: intervenir con el Rey a favor de la disolución del vínculo; de ser un simple vendedor de tierras; de las demoras en la edificación de las primeras casas y la iglesia; y de influir en el pleito que sostuvo el vínculo de Meyreles, con los primeros colonos, etc.

Francisco de Arango y Parreño era nieto de Doña Antonia Dionisia Meyreles y Bravo y por lo tanto, se encontraba entre los herederos del vínculo, pero no vemos la disolución de este por el Rey como consecuencia directa del parentesco, ya que tanto en el Discurso de 1792, como en el Proyecto, se encuentra explicito esta solución cuando en el punto 16 plantea:

“…y entonces buscará medios de aclarar la confusión que hay en los límites de las haciendas de ganado y que dan lugar a infinitos pleitos, cuidando así mismo de dar reglas para cortar los excesos que comienza a haber en la vinculación de grandes territorios”.

Es de suponer que si el Rey le aprobó en noviembre de 1792 el Proyecto, estaría también de acuerdo con la disolución del vínculo en agosto de 1799.

Si Arango era Apoderado del Ayuntamiento de La Habana, no del vínculo como erróneamente dice Isidro, en las páginas 53, 56 y 86 y su autoridad es en el territorio habanero y no de toda la Isla, como él explica en el Reparo No. 38, fechado en Madrid el 4 de julio de 1793, recogido en el Tomo 1, página 202 de sus obras reeditadas en 1952, es muy probable que en este territorio, que incluía también Matanzas, no así a Nueva Filipina (actual Pinar del Río), no existiese una extensión de 100 caballerías tierras disponibles para la adquisición por el Consulado a finales de 1802, además tenemos que tener en cuenta los posibles intereses geopolíticos de las autoridades de la época, cuando Arango plantea en su Discurso: “Se ocupará igualmente la Junta en proponer los medios de aumentar la población de blancos en los lugares de la Isla que juzgue más conveniente”, máxime cuando en los momentos en que surge la idea de poblar el corral de San Marcos existía un basto territorio despoblado entre Guanajay y San Cristóbal, con toda una costa sur desprotegida. Pero llegado el caso, si su abuela poseía las tierras que se necesitaban, ¿por qué no comprarlas?

En cuanto a la demora por la edificación del pueblo y la iglesia, es necesario verlas por separado ya que se desprende en todo su Discurso y su Proyecto que el objetivo central era el fomento de la agricultura y ésta no se logra en las calles del poblado, sino en las parcelas (suertes) que se le asignaron a los damnificados, aunque el pueblo también formaba parte del plan aprobado, pero siempre sería posterior al fomento de las haciendas.

Sobre la construcción de la iglesia, es harina de otro costal, si se lee detenidamente el Discurso y los documentos posteriores a él, se verá que en aquellos tiempos la iglesia católica aun mantenía la estructura de cuando el principal rublo de la economía de la Isla era el ganado silvestre en los montes, por ejemplo, cuando él en el Discurso se refiere a la idea de fomentar nuevas poblaciones, dijo:

“…el descuido con que hasta ahora se ha vivido y la larga extensión de los curatos” y en nota anexa al Discurso, sobre el tema Arango expuso: Hay algunos que tienen cincuenta leguas, como es el de Macurijes. Era menester que el párroco fuese de naturaleza angélica para que cumpliese exactamente sus obligaciones”.

Pero lo anterior ocurre 1792 y se pudiera pensar que la situación había mejorado cuando los primeros pobladores de Artemisa tumbaban ya montes en el antiguo corral de San Marcos, 10 años más tarde, pero no fue así, en el documento número 9, presentado por la Junta, el 20 de julio de 1811, en defensa al derecho de la Isla al libre comercio de negros, se plantea:

“En lo eclesiástico, Santiago de Cuba es la residencia del Arzobispo, cuya jurisdicción incluye toda la parte Oriental desde la punta de Maisí hasta Puerto Príncipe, con veintidós parroquias; y el Obispado de la Habana abraza toda la parte Occidental desde las Cuatro Villas hasta el Cabo de San Antonio, con cuarenta parroquias, - en todo sesenta y dos, - las cuales se fundaron hace mucho tiempo, cuando la ganadería era la sola industria de sus habitantes, y por consecuencias, necesitan de nuevas subdivisiones, con arreglo a las nuevas necesidades de las poblaciones, de la industria y del cultivo”.

Como podemos observar, por un lado andaba el insipiente desarrollo de la Isla, regido por las autoridades monárquicas de la metrópolis española y por otro bien distante el desarrollo de los curatos, que como se conoce, lo regía el Vaticano en Roma, y entonces cabe preguntarse ¿se podría emplear los escasos recurso con que disponía la Junta de Gobierno del Real Consulado, en la fabricación de una iglesia, para la cual no se sabía si el Vaticano le asignaría el cura?

Es lógico que esta situación, la Junta y su Síndico, la vieran con cautela y máxime cuando se sabe que esta Junta está formada por personas (comerciantes y agricultores a partes iguales) que no devengaban un salario por ello y que los escasos fondos con los que se disponía venía del sobrante existente del vestuario de las Milicias, como él propuso en el punto 23 del Proyecto:

“Por fortuna hay un fondo público de bastante consideración que, en parte, puede destinarse a este objeto. En consecuencia de Real orden de S.M. para que se estableciese un arbitrio de donde saliese el vestuario de milicias, se decretó la exacción de tres reales de aquella moneda en cada barril de aguardiente, vino, vinagre y harina que entregase, y la de dos reales en cada caja de azúcar que se entregase, creyendo que de aquí se sacarían los 20,191 pesos anuales para el intento”. Pero téngase en cuenta que este dinero era para costear el desarrollo de la agricultura, o sea nuevas tecnologías agrícolas e industriales y sobre todo la apertura y el financiamiento en el Seminario de San Carlos, donde en esa fecha no existían, “una cátedra de Física Natural, una buena Escuela y Laboratorio Químico y un Jardín Botánico”, como él expuso en punto 15 del Proyecto.

En cuanto al pleito de la familia Meyreles, dueña del vínculo, como se ha expuesto y demostrado, con anterioridad en este documento, el Real Consulado de Comercio y Agricultura de La Habana, no era más que un tribunal para resolver los litigios judiciales entre los comerciantes y agricultores, para que estos problemas no se ventilaran en la justicia ordinaria, y en aquella época, al igual que en esta, había un precepto judicial muy claro: nadie puede ser juez y parte a la vez, y es así que Arango, en su condición de Síndico Perpetuo de la Junta de Gobierno del Real Consulado de Comercio y Agricultura, expuso:

“El tribunal del consulado se compondrá de un Prior, dos Cónsules, un Asesor, un Escribano y un Juez de Alzadas. Los tres primeros empleos serán temporales, y los tres últimos perpetuos, todos con la correspondiente dotación, para que, por ningún titulo ni pretexto, puedan llegar cosa alguna a los litigantes por vía de derechos, propinas y gratificaciones” y finalizaba el referido documento diciendo: “Que se eviten los pleitos que se puedan; y los que sean inevitables se sustancien con claridad y se sentencien con rectitud”. [11]

¿Por qué el Capitán General dirigió la sesión de la Junta, aquel 28 de abril?

En el Segundo Oficio del Rey, enviado a Arango por Don Diego de Gardoqui, Presidente de la Junta Suprema del Estado, el 4 de enero de 1794, en uno de sus párrafos indicaba:

“Además se ha de nombrar nueve Consiliarios, los cuales con el Prior y Cónsules formarán la Junta unida al Consulado, que han de presidir el Gobernador y el Intendente o cualquiera de los dos que concurra a ella”.

O sea, las reuniones de la Junta de Gobierno del Consulado siempre estarían presididas por el Capitán General (Gobernador) y/o el Intendente (Jefe del Ejército), ténganse en cuenta dos cuestiones: la primera, el Proyecto presentado por Arango y aprobado por el Rey, modificaba diametralmente la política de la Corona hacia la Isla, sobre todo en cuanto a la libertad del comercio y el desarrollo agrícola de la zona más importante de Cuba en ese entonces y no era conveniente dejarlo a merced de la buena voluntad de los miembros de la Junta y por otro lado la presencia del Capitán General en las reuniones de la Junta le daban cierta fortaleza jurídica a los acuerdos que en ella se tomaran y ayudaría en mantener la necesaria cordura y disciplina en las reuniones, como lo expuso Arango en un documento del 4 de febrero de 1796, cuando decía:

“Antes de llegar aquí fue para mí un problema el que si sería o no útil que concurriese siempre a las Juntas Consulares uno de los jefes de la Isla, y si he de decir la verdad, se inclinaba mi opinión al partido negativo, creyendo que la autoridad pudiese perjudicar a la libertad de discurrir; pero la experiencia de ocho meses ha disipado mis temores y demostrado claramente que éste es un freno preciso para mantener la decencia y el decoro conveniente y por lo tanto pido que en los primeros ocho meses no falte el Capitán General, y que sin su asistencia o la del Intendente de la Isla no se puedan celebrar las Juntas Consulares”.

Como se ha podido ver, en lo examinado hasta aquí, fue Francisco de Arango y Parreño, quien llevó la voz prima, en todo lo relacionado con el actuar de la Junta de Gobierno del Real Consulado, en cuanto al fomento de una población rural en el corral de San Marcos, pero en cuanto al funcionamiento de ese órgano, no todo era color de rosas, pues como se dijo anteriormente estaba integrado por agricultores (dueños de haciendas) y comerciantes a partes iguales según voluntad Real. Esto se explica en las siguientes palabras de Arango:

“La Junta del Consulado que no ha podido negarse a permitir las ausencias que se hacen con tan justo motivo y que para mantenerse ha creído necesario de arrogarse la facultad de nombrar interinamente sujetos que reemplacen a los que faltan, se ve embarazada a cada paso con el mismo inconveniente. Creer que se puede salvar prohibiendo las ausencias, es verdaderamente un delirio, porque además de que no habrá autoridad alguna que pudiese conseguirlo, se ofendería gravemente el interés del público, si se privase a los amos de asistir a sus haciendas en el tiempo de las cosechas”. Y fue necesario, por estos motivos, “…arreglar las secciones de modo que los hacendados puedan concurrir a ellas en urgencia de las cosechas”.

O sea, la Junta no sesionaba permanentemente, como él expuso en el documento fechado el 4 de febrero de 1796, por lo cual, siempre debió haber retrasos en la ventilación de sus problemas y entre ellos los relativos a San Marcos.

También tenemos que tener en cuenta que el 4 de marzo de 1803, Arango, principal impulsor de esta idea, fue comisionado por el Capitán General de la Isla, Marqués de Someruelos, para ir a la de Santo Domingo a desempeñar con el General del ejército francés, una comisión muy importante para el Real servicio, que fue aprobada por Reales órdenes, expedidas por el Ministerio de Estado y de Hacienda, y por la cual en junio de ese año, se le concedió la “Cruz Pensionada de Carlos III”.

El 7 de agosto de 1804, se le confirió, la Asesoría del Ramo del Tabaco de la Isla de Cuba, y suplir las ausencias y enfermedades del Superintendente, en virtud de la Real orden del 4 de agosto de ese año, desempeñando este encargo cerca de dos años.

En 1808, se inicia la crisis del Antiguo Régimen (monarquía absoluta) en España y sus posesiones. En marzo de ese año se produce el motín de Aranjuez, en el cual es destronado Carlos IV y se proclama a su hijo Fernando VII, como nuevo monarca. Aprovechando esta pugna, Napoleón nombró a su hermano José, rey de España. El 2 de mayo, se produce el levantamiento popular de Madrid contra las fuerzas francesas, y la sublevación se extendió por toda España. Esta situación, como es natural, no fue ajena en el aconteceder cubano, por lo que suponemos que todos los análisis y asuntos pendientes sobre la población de San Marcos se hubieron de aplazar, aunque ya desde el 1806, la Junta había dado por concluida su intervención en el fomento de San Marcos.

Referencias

Fuentes

  • Carta de Camilo Cienfuegos a los trabajadores de la Ruta 35 de Artemisa.
  • Eduardo Torres Cuevas: Historia de Cuba.
  • Guerra, R. (1971). Manual de Historia de Cuba. Desde su descubrimiento hasta 1868. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.
  • José Antonio Fernández Riesgo: Francisco María de la Luz de Arango y Parreño ¿Padre de Artemisa? (Artículo inédito)
  • Méndez, I. (1973). Historia de Artemisa. Unidad de Artes Gráficas. Artemisa.
  • Obras de Don Francisco de Arango y Parreño, Tomos I y II.
  • Rodríguez Díaz, O y Colectivo de autores (Caridad Massón Sena, Jean Robaina Sánchez, Daniel Suárez Rodríguez, Rebeca Figueredo Valdés, Mabel Martínez Deulofeu, Marta S. Troncoso Hernández) (2016): Artemisa. Apuntes para la historia de una provincia. Editorial Unicornio. Artemisa, Cuba.