Política Social de Cuba

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Política social de Cuba
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Concepto:La política económica y social que siempre ha caracterizado al proyecto revolucionario cubano, ha sido consecuente con sus aspiraciones y objetivos de equidad y justicia social para toda su población.

Política Social de Cuba. La política económica y social de Cuba siempre ha sido consecuente con sus aspiraciones y objetivos de equidad y justicia social para toda su población. La economía cubana crece hoy de manera sostenida, con lo cual se incrementan las posibilidades de ampliación e incremento de las propias políticas sociales.

Hasta 1959 Cuba tuvo un sistema de seguridad social basado esencialmente en el pago de cuotas. A partir de 1959 y hasta la fecha, el Estado Revolucionario ha desarrollado una etapa de transformaciones de los seguros sociales, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y la elaboración de nuevas leyes sociales, acordes a los principios humanistas de la Revolución.

Generalidades

El gobierno cubano ha estado siempre inmerso en una constante búsqueda de recursos, alternativas y soluciones a los problemas económicos y sociales, para garantizar los servicios básicos y potenciar los distintos sectores de la sociedad a través de una política social justa, participativa y de igualdad de posibilidades, oportunidades y acceso.

La política económica y social que siempre ha caracterizado al proyecto revolucionario cubano, ha sido consecuente con sus aspiraciones y objetivos de equidad y justicia social para toda su población. Sin embargo, la promoción, puesta en práctica y desarrollo de estas políticas públicas con equidad y amplia cobertura, se han visto muchas veces afectadas en su calidad y amplitud por las serias dificultades que han caracterizado la situación económica del país, particularmente durante determinados períodos políticos, especialmente en los últimos 50 años, como resultado de la política unilateral y agresiva de Los Estados Unidos de América contra Cuba, expresada en la adopción de un bloqueo económico, comercial y financiero que fue impuesto a nuestro país desde febrero de 1962.

A ello se sumaron a finales de los 80 y principios de los 90 los graves efectos de la desintegración de la URSS y la caída del Campo Socialista del este europeo, países con los que manteníamos el 85% de nuestro comercio exterior. Ante esta situación se recrudecieron las acciones del bloqueo, con la adopción de la Ley Torricelli y posteriormente la Ley Helms Burton, que contribuyeron a agravar las ya difíciles condiciones económicas del país.

Entre 1990 y 1993 el Producto Interno Bruto decreció dramáticamente en más de un 35 por ciento, logrando detener esta tendencia en 1994, para iniciar la recuperación económica en los años posteriores a 1995.

La economía cubana crece hoy de manera sostenida, aunque lentamente, con lo cual se incrementan las posibilidades de ampliación e incremento de las propias políticas sociales y en particular las encaminadas a la mujer, aunque indiscutiblemente existen hoy muchas limitaciones de recursos que impiden emprender profundas transformaciones en los servicios de apoyo al hogar, a la familia, que garanticen una mayor incorporación de la mujer al trabajo y una mayor promoción en los diferentes niveles de participación y dirección.

En la última década se han puesto en vigor medidas, regulaciones y programas de atención a las personas con limitados recursos, casos sociales, madres solteras y jefas de hogar, hogares con bajos impresos, etc. a manera de contribuir a paliar las dificultades de estos sectores más afect6ados por la situación del país.

Seguridad Social

Hasta 1959 Cuba tuvo un sistema de seguridad social basado esencialmente en el pago de cuotas, tal y como existe hoy en muchos países capitalistas, lo cual implicaba que quiénes tenían la posibilidad de pagar podían tener acceso a la protección de ese sistema, mientras que aquellos que no podían hacerlo, vivían en una situación muy vulnerable de carencia absoluta de protección social en lo relativo a servicios de salud, educación, retiro, pensiones, etc.

La situación de los seguros sociales en 1958 era grave, sus fondos se hallaban en estado deficitario, por la corrupción y el latrocinio del régimen imperante. La situación financiera que presentaban la mayoría de las cajas de seguros era deprimente. La asistencia social se limitaba a los esfuerzos de instituciones privadas de caridad y algunas instituciones estatales que beneficiaban a un pequeño estrato de población, básicamente en la capital del país.

A partir de 1959, el Estado Revolucionario comienza una etapa de transformación de los seguros sociales, elaborando un programa de medidas que comprendió en sus objetivos inmediatos la atención financiera de las instituciones existentes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones sin interrupción y la elaboración de una nueva Ley, acorde a los principios humanistas de la Revolución.

Ley 1100/63 y Ley 24/80

El 17 de marzo de 1963 se promulgó la Ley 1100, Ley de Seguridad Social que aseguró a todos los trabajadores y sus familias el amparo social en las contingencias de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, vejez y muerte. El 28 de agosto de 1979 se promulgó la Ley 24 de Seguridad Social que entró en vigor el 1 de enero de 1980.

La modificación conceptual más importante que se introduce en esta nueva legislación se refiere al amplio alcance dado al campo de aplicación de la seguridad social, con una más amplia cobertura para el trabajador y su familia, así como para aquella parte de la población cuyas necesidades esenciales no estuvieran aseguradas o que por sus condiciones de vida o de salud requiera protección y no pudiera solucionar sus dificultades sin ayuda de la sociedad. Por ello establece los regímenes de Seguridad Social y el de Asistencia Social. Los principios fundamentales en que se basa el régimen de seguridad social son los de Solidaridad, Universalidad, Comprensibilidad e Integralidad.

El régimen de seguridad social concede prestaciones monetarias en servicios y en especie. Para el caso de las prestaciones monetarias se establecen las regulaciones sobre los tipos de pensión por edad, las reglas para calcular la prestación y los límites cuantitativos de ésta última las cuales fueron elaboradas a partir de la distinción entre pensión ordinaria y pensión extraordinaria.

El régimen de asistencia social es complementario al régimen de seguridad social y abarca la protección que se ofrece con carácter subsidiario. Garantiza prestaciones en servicios en especie y monetarias. Las prestaciones en servicios comprenden entre otros, el servicio de alimentación y cuidado en el hogar a adultos mayores, ingreso en hogares de ancianos, en hogares de impedidos, asistencia cultural y recreativa a los beneficiarios, ingreso en círculos infantiles, seminternados y otras instituciones.

Las prestaciones en especie consisten en artículos entregados gratuitamente para cubrir necesidades. Las prestaciones monetarias son cantidades que se otorgan en forma continua o eventual a personas o núcleos familiares que lo requieren.

Además de las prestaciones anteriores que establece la Ley 24, existen programas sociales dirigidos a grupos vulnerables de la población, que tienen como objetivo satisfacer las necesidades económicas y sociales que presentan dichas personas, intensificándose las acciones en el marco de su propia comunidad.

La Resolución 11/2001(aprobada por acuerdo del XVIII Congreso de la CTC a propuesta del Comandante en Jefe) benefició a las madres trabajadora a través de la cual se concibe un plazo para cuidar al recién nacido durante el primer año de vida percibiendo su salario completo y conservando su plaza laboral.

Ley 115/09 de seguridad y asistencia social

El 11 de julio del 2008 fue presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un nuevo proyecto de Ley de Seguridad Social que sustituyó a la Ley 24. En cumplimiento del acuerdo tomado por los diputados de someterlo a la consulta popular, la CTC realizó un masivo proceso asambleario, durante los meses de septiembre y octubre, al que fueron convocados más de 3 400 000 afiliados de los sindicatos nacionales. En el mismo se aprobaron numerosas aclaraciones y sugerencias que después de un amplio análisis por la Asamblea sirvieron para perfeccionar la nueva ley que comenzó a regir a partir del 2009.

La Ley 115 de Seguridad Social establece una edad de jubilación de 65 años para los hombres y de 60 años para las mujeres, considerando también un período de transición de siete años del 2009 al 2015 en el que se irá alargando progresivamente la edad de jubilación. Se establece un nuevo cálculo para las prestaciones por vejez superior al establecido en la Ley 24 y también otros beneficios para los trabajadores como son:

  • Puede percibirse más de una pensión de seguridad social a la que se tenga derecho.
  • Al viudo se le otorga el nuevo derecho a optar por la pensión que le sea más favorable.
  • El derecho a pensión por invalidez total o parcial se obtiene con sólo acreditar el vínculo laboral.
  • Se incorpora un régimen especial para los trabajadores por cuenta propia.

Se perfecciona también la Asistencia Social con nuevos programas sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida y la integración social de las personas que lo requieran.

Modelo cubano de política social

El modelo cubano de política social tiene como premisas esenciales el acceso universal y gratuito a servicios sociales básicos y la satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos en todo su ciclo vital. El Estado cubano garantiza a todas las familias:

  • Un determinado nivel de alimentación a precios en su mayoría subsidiados (en magnitud acorde con las disponibilidades de productos alimenticios y teniendo en cuenta los mayores requerimientos nutricionales de grupos como niños, ancianos, gestantes y enfermos crónicos). Se incluyen cuotas adicionales a regiones afectadas por desastres naturales como huracanes, intensas sequías, etc.
  • Servicios médicos gratuitos (no sólo los internacionalmente considerados básicos, sino de cualquier complejidad y especialidad).
  • Educación gratuita, incluida la educación superior.
  • Protección mediante un sistema de seguridad y asistencia social que incluye a la totalidad de la población con subsidios por enfermedad, invalidez, vejez, muerte o pensiones por necesidad o a menores sin amparo filial, entre otros.

En las actuales condiciones se ha recurrido a políticas dirigidas a repartir lo más equitativamente posible, entre todas las familias, los recursos y servicios disponibles. Se ha preservado la esencia del modelo social y ampliado los beneficios que le atañen. Se han priorizado los sectores más afectados de la población y se ha promovido la ejecución de experiencias territoriales y locales que logren adecuar mejor la asistencia social a los necesitados.

Atención al anciano

El proceso de envejecimiento de la población cubana se ha incrementado en los últimos 20 años, en los cuales la cifra de adultos mayores creció en más de medio millón. Para el 2025, Cuba con casi un cuarto de su población con 60 años y más, será el país más envejecido de América Latina y su población estará decreciendo en términos absolutos desde cinco años antes. Veinticinco años después, en el 2050, nuestro país figurará entre los más envejecidos del mundo.

Aunque desde principios de los años 60 se mantenía un programa de atención institucional al adulto mayor, no es hasta 1974 que se aprueba el primer programa de atención al adulto mayor, aunque no obtuvo la prioridad deseada hasta finales de esa década cuando se comienza a evaluar la necesidad de un enfoque especial para la atención a las personas de edad en el país, tanto en el ámbito de la atención social como de salud.

A todo el desarrollo comunitario que se produjo con la creación de los órganos del Poder Popular, los médicos de la familia, etc. se sumó la creación de la especialidad Gerontología y Geriatría en las universidades médicas a partir de 1984. Se crearon 34 servicios de esta especialidad en el país de los cuales 11 son docentes, con casi dos centenares de especialistas graduados y unos 90 residentes en las diferentes etapas de su desarrollo.

En el año 1996 se crea por el MINSAP el nuevo Programa de Atención al Adulto Mayor, uno de los cuatro priorizados del Sistema Nacional de Salud. Se crean los equipos multidisciplinarios de atención gerontológica (432 en el país) los cuales apoyan al médico de la familia en la evaluación y atención a los adultos mayores en estado de fragilidad o necesidad.

El programa Nacional de Atención Comunitaria al Adulto Mayor brinda servicios de alimentación a gran cantidad de ancianos de los cuales a un 70% se les subsidia el costo. Se brindan también servicios de limpieza del hogar, lavado de ropa y servicios de cuidado a domicilio en un número creciente de casos a través de la auxiliar geriátrica. En el presupuesto del país se asignan importantes recursos al funcionamiento de más de 200 instituciones dedicadas a la atención de ancianos e impedidos físicos y a las prestaciones monetarias y en especie de más de 130 000 personas protegidas.

Atención al discapacitado

En Cuba a partir de 1959 comienzan a adoptarse medidas concretas para el amparo de los discapacitados, antes de esa fecha los problemas de ese grupo poblacional no recibieron la atención debida. En 1959 se puso en vigor el Plan de Acción Nacional para la atención a las Personas Discapacitadas que constituye un compromiso gubernamental mediante el cual se priorizan sus necesidades en el campo de la Salud, la Educación, el Empleo, la Seguridad y la Atención Social.

Objetivos importantes en esta esfera los constituyen, el continuar promoviendo medidas eficaces para la prevención de las discapacidades, así como velar por la plena participación en la vida social y el desarrollo de estas personas, facilitándole igualdad de oportunidades y participación social equitativa.

El apoyo del Estado a organizaciones como la ANSOC (Asociación Nacional de Sordos de Cuba), ANCI (Asociación Nacional de Ciegos), ACLIFIM (Asociación Cubana de Limitados Físico-motores), que agrupan personas con discapacidades específicas, la creación de un sistema nacional de escuelas especiales, la instalación de talleres laborales donde se establecen condiciones especiales de trabajo, así como otras medidas en beneficio de las personas discapacitadas constituyen la mejor prueba de la preocupación del gobierno por el desarrollo y la inserción social de estas personas.

Fuentes