Alteraciones de Albarracín

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Alteraciones de Albarracín a lo largo de su Historia las tierras de Albarracín se gobernaron siempre con gran independencia. Ya en el siglo XIII sus leyes consuetudinarias se reúnen en un Fuero que es casi idéntico al de Teruel. Ambos procedían de una legislación de tierras de frontera con la que, ya desde los fueros de Calatayud, Daroca y Teruel, se rigieron las comunidades de Aragón. Cada una de ellas vivía libre administrativa y políticamente; según Fuero, se nombraban por insaculación todos los magistrados que las regían; los oficiales reales tenían más o menos jurisdicción en unas que en otras, y en Albarracín se reducía ésta a recibir las aportaciones económicas aprobadas en las Cortes del Reino y a pagar la custodia de los castillos y fortalezas cuyos alcaides eran de nombramiento real.

Historia

Ciertamente era Albarracín la comunidad aragonesa más libre, pues fue la última cuyas tierras se incorporaron al Reino de Aragón. Reforzaba esta situación al haber quedado económicamente muy vinculada a Castilla, por tener sus ganados el privilegio de ir a tierras de aquel reino y pertenecer a la Mesta. Sólo sus frecuentes luchas intestinas, provocadas por las rivalidades de las familias más importantes de aquella tierra, obligaron a veces a los oficiales reales y a los mismos monarcas a dar ciertas «sentencias arbitrales». Eran como arbitrajes pacificadores sancionados por el rey, que venían a completar la legislación constitucional del Fuero. La primera la dio, en 1366, Pedro IV, poco después de asesinar a su hermanastro el infante Fernando, señor de Albarracín. Aunque no había llegado Pedro IV a ser realmente soberano de Albarracín como heredero del infante don Fernando, buscaba incorporar a Aragón aquella ciudad y su tierra. Era llamada esta «sentencia arbitral» de Aznar Drave y por ella se acordó la aportación que la tierra debía dar para la custodia de las fortalezas de la ciudad y comunidad. Otra sentencia arbitral famosa fue dada, en 1395, por Arnaldo de Rillo, en tiempos de Juan I de Aragón: puso paz entre Bonaches y Torres por una parte y Toyuelas y Monterdes por otra. El rey hubo de intervenir, pues los de Albarracín habían alborotado las comunidades de Teruel y Daroca, donde tenían parientes y allegados. Otra de las sentencias arbitrales es la que se aprobó por Juan II Buscar voz... en las Cortes de Calatayud en 1461. Nueva modificación a las Ordenaciones de la tierra, que completaba la práctica del Fuero, la dio Juan Guallart, en 1484, en nombre de Fernando II el Católico.

Este rey intentó con sagacidad ampliar su autoridad tanto en Albarracín y su Comunidad como en tierras de Teruel. Alegaba que aquellas ciudades y sus comunidades respectivas no formaban parte de Aragón, y por ello no podían regir allí las leyes generales del Reino, sobre todo la autoridad del Justicia y su corte. Comenzó a imponer sus pretensiones en Teruel, donde envió un Justicia o Capitán (llamado así por querer cobrar como un Capitán del ejército real), llamado Ramón Cardán. Los de Teruel lo rechazaron y no le pagaron, y el alboroto en toda la ciudad y Comunidad fue tan grande que el rey retiró aquel oficial.

Pero en 1543 repetía la tentativa de Fernando el Católico su sucesor Carlos I al enviar a Teruel a Juan Pérez de Escanilla con instrucciones concretas que conocemos: en ellas se le ordena hacer guardar los Fueros, pero se le daban unas atribuciones que los anulaban en muchos aspectos. Entonces los de Teruel creyeron, como aragoneses, que tenían derecho a detener su acción con los medios del Justicia Mayor de Zaragoza, pero además se sublevaron en 1544 por lo que tuvo que ir en persona el Teniente General del Reino, que lo era don Pedro de Luna, para apaciguar los ánimos.

Era ya entonces verdadero gobernador de España, por ausencia casi continua de su padre el emperador Carlos I, su hijo el príncipe heredero don Felipe, que pronto sería Felipe II. De él consiguió el virrey un perdón para los particulares, pero Teruel y su Comunidad fueron multados por haber usado las firmas de la Corte General del Justicia de Aragón contra el Capitán Escanilla, pues el Fiscal del Rey había apelado de aquellas firmas y el mismo Justicia Mayor, Lorenzo Fernández de Heredia, que las había dado, falló diciendo que era legal el cargo y autoridad de Escanilla. El rey supo premiarle aquellos servicios haciéndole, en 1547, virrey de Cerdeña. Mientras, a don Pedro de Luna le sucedió como virrey de Aragón el arzobispo de Zaragoza, el cual procuró aplacar la situación pasando la solución de aquel pleito a las Cortes que aquel año se iban a celebrar en Monzón y que en nombre del rey y emperador Carlos I presidió su hijo el infante don Felipe.

El nuevo Justicia Mayor fue más enérgico en defender los Fueros de Aragón, y ayudado por el virrey lograron los siguientes acuerdos: el emperador retiraría a Escanilla, por ser contrafuero, su puesto; por su parte, la tierra pagó 4.000 escudos al rey, cobrados por éste enseguida. Paralelamente, Albarracín y su Comunidad, por medio de sus procuradores Pedro Monterde y Francisco Valero, plantearon en aquellas Cortes el mismo problema que Teruel, aunque independientemente: en esencia, ambas, tras denunciar las pretensiones de actuar a contrafuero los oficiales del Rey, reclamaban se les concedieran como aragoneses los privilegios de la Corte del Justicia Mayor, o sea, el privilegio de las Firmas y el de las Manifestaciones. El rey se opuso a la petición de los de Albarracín alegando públicamente que Albarracín y su Comunidad no eran parte del Reino de Aragón, y sosteniendo que allí y en Teruel tenía mayor autoridad, cuando era todo lo contrario. El Príncipe Gobernador de los reinos españoles, ante las concretas acusaciones que los de Albarracín presentaron, nombró un tribunal para reforzar la justicia totalmente parcial a favor de su autoridad. Estaba formado por tres magistrados: «Diego Cañete, que habiendo sido de la Corte de Justicia fue denunciado y privado de su oficio»; micer Diego Amigo, que la gente tildaba de morisco y de poco honrado, pero cuyos servicios al rey le valió el nombramiento de Lugarteniente de la Corte del Justicia de Aragón; del otro juez sólo sabemos que se llamaba Felipe Denis.

La acción de estos jueces en la tierra alborotada de Albarracín corrió paralela a los desafueros que ocurrían en Teruel: allí, dos años después del acuerdo de Monzón con el Rey, sin causa justificada se nombró otro capitán, llamado García de la Vera, sin devolver los 4.000 escudos pagados. Entonces los de Teruel, y no antes como han escrito algunos, unieron abiertamente su causa a la de Albarracín y las dos ciudades y comunidades presentaron juntas un greuge acusatorio al Rey en las Cortes convocadas para 1553.

Para ambas ciudades y sus respectivas comunidades, las pretensiones reales sólo se detendrían dejándoles usar los Fueros del Justicia Mayor, que si hasta entonces no los utilizaron, por no ser necesarios, ahora los pedían como aragoneses que eran para que no fueran allanados sus fueros. Exigían también que, si el monarca enviaba algún oficial a ejercer jurisdicción en su nombre, jurara antes los fueros respectivos de cada una de las ciudades. Los de Albarracín concretamente pedían que los jueces de la Inquisición no inquiriesen, pues lo prohibía su Fuero Único, folio II, del Oficio de Inquisidor. Además alegaban que en el Fuero de Albarracín se exigía que todo oficial real debía jurar el Fuero para ejercer jurisdicción. El rey se avino a todo lo que pedían, pero se negó a considerar a Teruel y Albarracín parte integrante de Aragón en cuanto a Fuero, pues alegaba que aquellas ciudades y sus comunidades eran partes diferentes del Reino.

Así las cosas, en 1556 subió al trono Felipe II y, como los de Albarracín y Teruel creyeron siempre, como aragoneses que eran, el poder usar las Firmas del Justicia, las reclamaban y obtenían, por lo que el nuevo monarca de manera tajante mandó a sus oficiales y bailes se opusieran a ellas.

Como todo iba de mal en peor, el Consejo Supremo de Aragón mandó en 1557 a Teruel y Albarracín al regente Camacho, que nada arregló. Ante el cariz que tomaban las cosas, acudió en 1558 el propio vicecanciller del Consejo Supremo de Aragón, don Fernando de Bolea, acompañado del regente del mismo Consejo, Sora. A la vez nombró como Justicia o Capitán a micer Agustín del Castillo, «hombre muy disimulado», que debía convencer y apaciguar. Pero detenido él y sus agentes y los demás oficiales reales por las Firmas del Justicia Mayor, en 1560, Felipe II decidió cambiar de política: retiró a Agustín del Castillo de Teruel y el Tribunal de tres jueces que se había enviado a Albarracín, y unificó el gobierno de ambas ciudades y sus comunidades. El Consejo Supremo de Aragón nombró Capitán y Justicia de Teruel y Juez Preeminente de Albarracín al caballero aragonés Matías del Moncayo, señor de Rafoles, hijodalgo de Aragón. Su gobierno fue grandemente represivo y violento, aunque su familia figuró luego entre las condenadas por defender los Fueros de Aragón en 1591.

A la vez se envió a un letrado, micer Gil de Luna, para publicar los Fueros. Aún en 1562 el propio vicecanciller del Consejo de Bolea fue a Teruel para ver lo que Gil de Luna había preparado ayudado por Juan Soto, ya nombrado entonces para el Consejo de Aragón, y por Diego Talayero, que llegó a ser secretario del mismo. Aquellos legistas encontraron en Teruel un privilegio de Pedro IV dado en las Cortes de Monzón de 1372, con el cual aquel rey premiaba su fidelidad en las luchas del Rey contra la Unión. Por este privilegio los de Teruel quedaban libre de toda jurisdicción del Justicia. Estaba otorgado en aquellos años en que la Unión y el Justicia luchaban contra el rey Pedro IV. No prohibía aquel privilegio la apelación al Justicia Mayor, sino que impedía que aquel magistrado interviniera en la jurisdicción y gobierno de Teruel y su Comunidad. De este privilegio surgió un bando dado el 12 de julio de 1562 en el que el rey proclamaba: «Por cuanto a Nos como Rey de Aragón y a los sucesores nuestros en el dicho reino solamente compete la jurisdicción de nuestra ciudad de Teruel y el ejercicio de ello a los oficiales por nos diputados...», y sacaba luego argumentos del citado privilegio para asegurar que «expresamente está declarado que el Justicia de nuestro Reino de Aragón no puede entrar ni executar jurisdicción en la dicha ciudad y Comunidad...».

En Albarracín también se publicó este bando y orden real, pero allí, como era tierra no afectada por el privilegio de Pedro IV, la frase que hemos acotado se cambió «por la costumbre antiquísima», y se imponía 1.000 florines de oro al que la contraviniera.

Toda la tierra se indignó ante esta resolución inesperada. Se reclamó a Zaragoza y a la Corte; se pidieron Cortes en Teruel para arreglar las cosas; se dijo que si el Justicia Mayor no tenía jurisdicción, que no se inquiriese pues lo prohibía el Fuero; pero de éstas y otras peticiones ningún caso se hizo. En 1562 se publicó en Valencia por Johanns Mey una edición de los Fueros arreglados y se proclamó que todos los Fueros «... fuera del presente volumen no se haya de haber razón alguna más que si nunca hecha ni estatuydos fueran...» (Edi Mey Lib. 1, fol. XVII).

Así las cosas, por parte de los de Albarracín y Teruel nadie respetaba las órdenes de Moncayo; pero éste comenzó entonces a remover todas las autoridades elegidas según el Fuero de aquellas ciudades. De ello se apeló a Zaragoza sosteniendo que eran parte del reino, y se denunciaron casos concretos irritantes, que probaban cuán arbitraria y a contrafuero era la actuación del rey y de su Capitán en Teruel, y del Juez Preeminente en Albarracín. Hubo violencias sin fin. El país gastó cuanto tenía para defender sus Fueros por vía legal y buscando contactos políticos y avenencias, pero como a la vez no se obedecía a Matas del Moncayo ni a sus colaboradores el rey se decidió a imponer su autoridad enviando en 1571 a micer Juan Campi, letrado del Consejo Criminal de la Audiencia de Zaragoza, para entender en los crímenes que denunciaba Moncayo.

Se acordó entonces enviar como embajadores ante el Rey a Honorato Muñoz y Juan de Marcilla, mientras desde Zaragoza el Justicia Mayor, para ayudar a los de Albarracín y Teruel seguía dando provisiones contra los contrafueros de los oficiales reales. Incluso Pedro Mezquita, juez de Teruel, de la cárcel donde lo tenía preso Moncayo y su asesor Salat, y pudo relatar personalmente al rey lo que ocurría y lo mucho que contra Salat se sabía. El rey lo devolvió libre a Teruel, incluso con órdenes del Consejo contra Salat. Este odiado asesor de Moncayo acudió a recibirle y a felicitarle por su libertad: pero eran tan ciertas las acusaciones que le hacían que fue apresado en la misma casa de Mezquita, «y entregado luego a la justicia de Valencia, que lo ejecutó llevando su cuerpo y exponiéndolo en la plaza mayor de la iglesia mayor». Cuando todos creían ser oídos murió violentamente el familiar de la Inquisición, Juan de Orihuela. El Rey mandó entonces con todo secretro movilizar tropas castellanas en Moya y en Molina y del reino de Valencia en Jérica y en Morella, y las puso a las órdenes del duque de Segorbe. El Jueves Santo de 1572, por la noche, ocuparon Teruel para imponer la autoridad de Moncayo, del criminalista Campi y del inquisidor Dr. Soto de Calderón, de la Inquisición de Valencia, que se incorporó a los magistrados antes citados a la llegada de las tropas del duque. Pronto se iniciaron procesos que luego Campi no quiso sentenciar. Se retiró de aquella acción, indispuesto con el duque y con el inquisidor, quien pronto fue el que más procesos y escarmientos logró. Los soldados del duque cometieron mil tropelías; incluso ocuparon la iglesia de San Juan para albergar a la tropa y al duque. Éste organizó en ella un fuerte, llevando incluso alguna artillería de sus castillos del reino de Valencia, ante el asombro de las gentes, que veían que la mayoría de aquellos soldados eran moriscos «que no sabían otra lengua que la arábiga». Para desafectar la iglesia del servicio religioso, el duque escribió a Roma asegurando que Teruel era frontera de enemigos de la fe cató1ica y del rey, y que estaba no lejos del mar. Todo aquello, además de prisiones y choques en toda la tierra de Albarracín y Teruel, alborotó enormemente a todo Aragón. Incluso don Luis de Cardona, tío del duque de Segorbe, le recriminó lo que hacía, pues aquello era asunto de jurisdicciones «que para pleito era guerra y para guerra pleito». Pero el duque, ayudado por un criminalista llamado Pellicer, sustituto de Campi, publicó sentencias terribles y avanzó aún más la violencia. Huyeron de la tierra cuantos pudieron: el caso más sonado fue el de Antonio Gamir, persona importante que, preso en Teruel, logró con una manifestación del Justicia salir de la cárcel y refugiarse en Zaragoza; allí fue ayudado por el Justicia de Aragón y al ser reclamado por orden del duque se originó un ruidoso pleito, precedente de cuando luego fue el pleito de Antonio Pérez.

El duque de Segorbe partió de Teruel en 1572 sin haber resuelto nada. Albarracín y Teruel, empobrecidas, no cesaron en la defensa de sus Fueros. En 1572 murió también el odiado Matías del Moncayo y se nombró en su lugar a Roger de Soldevilla, que fue rechazado aún con mayor violencia como extranjero, por ser catalán. Éste practicó una política de apaciguamiento, pero Juan de San Miguel, un simple labrador de Armillas, lo denunció ante la Diputación del Reino como extranjero, exigiendo defendiera ésta los Fueros de Aragón ante la Corte del Justicia Mayor. Se inició una información que sacó a la luz muchas violencias que se hacían. El Justicia no podía actuar sin soldados que se opusieran a los de Soldevilla, pues el duque de Segorbe había dejado las tropas en Teruel. Se presentó entonces Juan Roche de Villarado ante los diputados que cambiaban aquel año y se creían sumamente comprometidos: iba legitimado por Soldevilla y aseguró que «Albarracín, Teruel y sus Comunidades... ya habían firmado por parte de aquella provincia y por otra el Regio Fisco, para que se tomase asiento a satisfacción de entrambos». Los diputados se vieron salvados del apuro. Concretamente el diputado Juan de Pitares se negó a toda acción, pero Juan de San Miguel amenazó con demandar criminalmente ante el Justicia a los diputados si no le atendían. A la vez, el rey escribió a los nuevos diputados de aquel año «que no diesen audiencia a este Juan de San Miguel, hombre sedicioso y mal intencionado». Así las cosas, en 1583 Roger de Soldevilla cesó, pero le sucedió otro catalán, Miguel de Cruilles, y entre embajadas y protestas las violencias a las leyes y a las personas siguieron.

Toda la tierra esperaba la ocasión de las Cortes Generales, aplazadas desde 1573. Éstas se celebraron en 1585. Albarracín y Teruel llevaron allí un nuevo greuge. El Justicia sentenció contra el rey y se declaró que Albarracín, Teruel y sus comunidades respectivas podían usar de las Leyes Generales del Reino, pero en tanto que no se opusieran a sus fueros particulares.

El rey retiró al Capitán de Teruel y Juez Preeminente de Albarracín, llamado Armillas, y a su asesor, con gran alegría de todas las tierras de Teruel y Albarracín, pero en 1586 nombraba a Clemente Íñigo para el odiado cargo y las cosas se pusieron peor que antes. Sobre todo la ciudad de Albarracín y su Comunidad se alzó violenta. El rey, ante esta situación, preparó en secreto un pequeño cuerpo de ejército en Valencia, facilitado por el virrey marqués de Aytona. Lo puso al mando del capitán Alonso Zanoguera. Éste aseguró en su marcha que iba a Laredo para embarcar hacia Flandes. Al llegar a Cella, por la noche se precipitó sobre Albarracín y se metió con sus tropas en el castillo medieval de la ciudad, que estaba abandonado, ocupando militarmente la ciudad y sus fortalezas. Por la mañana huyeron de Albarracín, como pudieron, hacia la sierra todos los comprometidos, mientras los procuradores de la Ciudad y Comunidad acudieron al rey y al Justicia para que no ejerciera jurisdicción alguna Zanoguera por ser extranjero, valenciano. El Justicia extendió una Firma contra él. La llevó el portero de su Corte N. Sánchez acompañado de un notario. Se presentaron valientemente a Zanoguera pero éste les encarceló mandándolos presos a Zaragoza. Ahora la situación era más grave, pues los de Albarracín habían logrado comprometer a la Diputación y al Justicia Mayor con la prisión del portero y notario del Justicia, lo cual era grave pleito para todo el Reino. Se sucedieron enviados diversos a la Corte mientras el virrey no dejaba de pedir que se soltasen al portero y al notario apresados por Zanoguera; éste, mientras, seguía ejerciendo con violencia su oficio en Albarracín. Al fin en 1586 el Consejo General de Aragón accedió a recibir una embajada de la Diputación de Aragón que nada consiguió. Sólo pasado algún tiempo se soltaron algunos presos y salió, de Albarracín, Zanoguera, remplazado como Juez Preeminente por micer Clemente Íñigo, que lo era de Teruel, pero los pleitos y violencias siguieron.

Así, no debe extrañar que, ocupadas militarmente las tierras de Albarracín y Teruel, cuando Antonio Pérez huyó del rey hasta Zaragoza y se produjeron los alborotos bien conocidos, al pedir el Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, el 1 de noviembre de 1591, que el Reino se levantara en armas contra el ejército enviado por el rey, sólo Albarracín y Teruel mandaron su contingente de soldados. Tras la victoria del ejército real Lanuza fue ajusticiado, y luego se publicó el famoso pregón general apaciguando al Reino de Aragón. En él se excluía a Albarracín y Teruel, «pues aquello quedaba para tratar por vía diferente». En efecto, el rey mandó volver a Albarracín a Alonso Zanoguera, ahora con un criminalista de la Audiencia de Valencia. Ambos actuaron con máxima violencia. Sólo el 11 de febrero de 1598 se acababa el pleito que mantuvo durante todo su reinado Felipe II con Albarracín y Teruel. Entonces, una vez desaparecido el Justicia de Aragón y anulados a gusto del rey los Fueros del Reino, Felipe II concedía poco antes de morir, el 13 de septiembre de aquel año, el que Albarracín y Teruel se incorporasen a Aragón y el que rigieran allí los Fueros Generales del Reino.

Por esta gracia del monarca se obligó al país a pagar una crecida contribución: 120.000 ducados dice el conde de Luna; 144.000 escudos según otras versiones. A cambio, siguió rigiendo en Albarracín su célebre Fuero en muchos aspectos. Finalmente, dejó de existir por el Decreto de Nueva Planta de 1714, cuando todos los fueros de Aragón fueron abolidos por Felipe V. Hoy queda en pie la Comunidad de Albarracín, única que aún existe en Aragón. Aunque muy decaída, es un resto de aquellas antiguas instituciones con las que se rigieron extensas tierras de Aragón.

Fuentes

• Artículo sobre Alteraciones de Albarracín publicado en la Gran Enciclopedia Aragonesa. Consultado el 02 de Febrero de 2022. (Licencia Creative Commons)